Valencia da luz verde a su topónimo bilingüe a la espera del aval al acento cerrado en valenciano

El Consell de Carlos Mazón tiene la última palabra, previa consulta preceptiva y vinculante a la Academia Valenciana de la Llengua. En ese sentido, el baile del acento -de abierto a cerrado- en el topónimo en valenciano es uno de los aspectos clave.

Fue precisamente este órgano estatutario quien en 2016 emitió un informe favorable a la medida impulsada entonces por el Gobierno local de Joan Ribó para que València fuera el único nombre oficial de la capital del Turia, al considerar que aunque la pronunciación recomendada era con la e cerrada, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo era la abierta.

Fuentes municipales confían en el que la falta de unanimidad entre los académicos en ese momento, con algunas voces favorables al acento cerrado, se mantenga en esta ocasión y no frene el proceso. Como precedente toman el ejemplo de la localidad alicantina de Dénia, cuyo topónimo oficial se escribe tal y como se pronuncia.

En cualquier caso, el inicio de este trámite no ha estado exento de polémica, más allá del cruce de declaraciones entre el bloque de la derecha y la izquierda. La propuesta inicial del Gobierno del PP en minoría, liderado por la alcaldesa María José Catalá, era mantener la nomenclatura con el acento abierto en valenciano y añadir solamente la denominación en castellano. Los socialistas, de hecho, han intentado recuperarla sin éxito.

Sin embargo, los concejales de Vox -cuyo votos eran decisivos para que la propuesta saliera adelante- impusieron su criterio, basado en una normativa alternativa que choca con lo estipulado en el Estatuto de Autonomía. La moción ligaba el cambio de denominación con las Normas del Puig, «avaladas por la Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat y otras instituciones representativas de la cultura auténticamente valenciana» no oficiales.

Un informe de los servicios jurídicos del consistorio, solicitado por Compromís y PSPV, les ha obligado a enmendarse y a corregir el primer texto presentado en comisión y remitido para su debate en el hemiciclo. La moción aprobada finalmente este lunes no contenía ninguna referencia a reglas o entidades.

Los funcionarios del Ayuntamiento no ponían objeciones a que se iniciara este procedimiento siguiendo las pautas legales, pero sí a que se hiciera «de conformidad» con las Normas del Puig, pues el acuerdo infringiría el ordenamiento jurídico: el consistorio no tiene competencias en materia lingüística, que en la Comunidad Valenciana la fija la Academia Valenciana de la Lengua, según lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía.

Por tanto, señalaban en ese documento, instituciones como la RACV solo tendrían cabida en el proceso con sus aportaciones durante el periodo de información pública o con la inclusión de informes como voces expertas en la materia.