El consistorio gobernado por Compromís y PSPV casi ha doblado la partida económica por infracciones de la ordenanza de circulación: de los 6.560.214 euros ingresados en 2021 a los 12.422.296 acumulados en el último mes del que se tienen datos.
Los derechos reconocidos de cobro -la recaudación total sumando las sanciones impuestas y no canceladas- también han experimentado un importante incremento: de los 17,6 a los 25,3 millones de euros.
Datos que han provocado las quejas de la oposición. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha criticado la «máxima de hacer caja» del Gobierno que lidera Joan Ribó, al que acusa de no tener «empatía» con los vecinos de la capital del Turia.
Los populares señalan dos puntos de inflexión en las políticas de movilidad de la ciudad que explicarían este aumento de las infracciones y, en consecuencia, de las sanciones.
El primero de ellos es la puesta en marcha, a finales de 2021, de las cámaras que controlan el acceso de los vehículos autorizados al Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella. Según el PP, solo en este punto se habrían ingresado «cerca de dos millones de euros».
A este sistema se sumaría la regulación de los aparcamientos en tres zonas -la azul, la naranja y la verde- en barrios como Russafa y los cambios que introdujo la nueva contrata de la ORA, con tres horas más al día y la extensión del pago a los sábados por la tarde en muchos distritos de Valencia.
C. Valenciana
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