Suspenden un examen con un nueve a un niño en Valencia por hacerlo en castellano y el siguiente lo realiza en dos idiomas

«Mi hijo se enfada, porque dice que si ya se sabe el contenido de la asignatura, qué más da que lo escriba en un idioma o en otro, por eso está cabreado», relata su madre, quien hace hincapié, ante todo, en que ninguna normativa puede negarle esa posibilidad. «Tengo claro que ese derecho está en la Constitución», enfatiza, sin descartar reclamar por la vía judicial, al terminar el curso, según influya este aspecto en las calificaciones de su hijo. Sin duda, a la vista de ese esfuerzo bilingüe, pocos podrán poner en duda su capacidad.

Ella está convencida de que cuando algún progenitor en una situación similar recurra a los juzgados y el asunto llegue al Tribunal Constitucional, se le dará la razón, pero mientras tanto, «al final pasa como en Cataluña», en referencia a la imposición de uno de los dos idiomas oficiales con la denominada inmersión lingüística.

En su caso personal, ya de entrada, al arrancar el curso, instaron a su hijo a que hiciera la agenda en valenciano, algo con lo que ya no estaba de acuerdo, y después del examen de nueve invalidado con ese comentario añadido de «en castellano, insuficiente» por la docente, a pesar de haber contestado correctamente nueve de las diez preguntas, tal como ha podido demostrar, adoptó esa estrategia bilingüe.

«Nos llamaron del colegio con otro pretexto y entonces intentaron presionar para que lo hiciera sólo en valenciano y, cuando vi el panorama, me levanté de la reunión porque no pensaba discutir de Derecho con maestras de escuela, lo que tampoco les sentó bien, cuando mi padre ha sido maestro de escuela y nunca se ha sentido ofendido», recuerda.

Los argumentos que le exponen se sustentan en que todos los alumnos deben acatar el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), que se vota en el Consejo Escolar, pero ella considera que eso no puede prevalecer sobre la elección libre de idioma del estudiante. Su centro se encuentra en la provincia de Valencia en una zona de predominio valencianohablante, si bien asegura que la amplia mayoría de los escolares hablan entre ellos en castellano, otro síntoma de la imposición, a su entender.

La Proposición de Ley de Libertad Educativa que ha pasado esta semana por las Cortes Valencianas para su tramitación estipula literalmente, en su artículo 20, titulado 'Utilización de las lenguas cooficiales en exámenes y pruebas de evaluación', las siguientes novedades: «En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en las materias no lingüísticas, con independencia de la lengua vehicular de estas, el alumnado tendrá derecho a realizar los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto de carácter parcial como final, en valenciano o castellano, a su elección».

Por lo tanto, el nuevo texto que viene a derogar con otros cambios la controvertida Ley de Plurilingüismo implantada por el anterior Gobierno autonómico de los socialistas con Compromís y Podem introduce, efectivamente, libertad a las familias, si bien no incluye Primaria, la etapa en la que se encuentra este alumno.

«En Hablamos Español hemos atendido varios casos de alumnos a quienes no se permite usar el español en la realización de pruebas y exámenes. Uno de ellos está en los tribunales. Creíamos que con el nuevo Gobierno esto se solucionaría, pero no ha sido así», ha subrayado la presidenta de esta asociación, Gloria Lago, que ha asesorado a esta madre.

«Ni están arreglando la situación de niños a quienes están suspendiendo por este motivo este curso, como es este caso, ni hemos podido retirar de los tribunales lo que arrastramos del Gobierno anterior», lamenta. A su juicio, «la excusa de que la ley les obliga no es creíble, ya que ahora van a aprobar una ley nueva y sólo permitirán hacer las pruebas en español en Secundaria, mientras que Primaria, el nivel más importante para adquirir nueva terminología y fijar hábitos, seguirá igual».

Con ánimo constructivo, desde Hablamos Español han pedido a los responsables autonómicos que cambien el proyecto de ley en marcha «para incluirlos a todos». Como argumentación fundamental, apelan al criterio pedagógico: «A los alumnos hay que calificarlos según sus conocimientos de la asignatura, no en función de la lengua oficial que usen para expresarlos». Finalmente, ponen de relieve que «no hay uniformidad de criterio para castigarlos por usar el español: en algunos colegios los suspenden, en otros les quitan unos puntos y en otros hacen la vista gorda». Y exhortan la Generalitat Valenciana a que «haga las cosas bien, sin discriminaciones ni inseguridad jurídica».