La proposición de ley del PP tras la dana contempla un fondo estatal que aglutine las donaciones ante catástrofes

El documento, consultado por ABC, está firmado por el portavoz de la formación en el Congreso, Miguel Tellado, y expone que «más de dos meses después de la tragedia» los afectados «están abandonados» por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «La pasmosa lentitud de la que adoleció el Gobierno de la nación en los primeros momentos de la catástrofe parece replicarse ahora en la canalización de la ayuda que se precisa», afirma.

Al mismo tiempo, urge a evitar que se repita el «agravio» ocasionado a las víctimas del volcán de La Palma, que «sufren aún las consecuencias» de lo ocurrido. Para ello, la proposición de ley incorpora al ordenamiento jurídico «la exigencia de que, ante emergencias y catástrofes, se facilite la colaboración y cooperación entre el conjunto de las Administraciones que existen en España».

En sus ocho artículos, apunta que, ante cualquier catástrofe de este tipo, se encomiende a la Agencia Tributaria -sin requerir más información que la que obra en poder- la gestión de las ayudas económicas y se conceda una indemnización de forma directa a los damnificados -incluso sin solicitarla- en base a los análisis técnicos.

El texto contempla también la creación de un Fondo de Reconstrucción adscrito al Ministerio de Hacienda que pueda recibir donaciones del sector privado y la sociedad civil. Para decidir el destino de las mismas se compondría un Consejo Asesor con representantes de las administraciones públicas, sindicatos, patronales, universidades y organizaciones relacionadas con sus objetivos.

Además de obligar al Gobierno a informar trimestralmente en el Congreso sobre los avances en los proyectos activados, el articulado propone que el Ejecutivo cubra todos los gastos de emergencia asumidos por las autonomías y los municipios, así como que estos puedan financiar hasta el cien por cien de las actuaciones necesarias para reparar servicios e infraestructuras.

Del mismo modo, establece que, tras una situación de crisis, el Gobierno apruebe un plan de apoyo a los autónomos que les permita solicitar la prestación de cese de actividad sin necesidad de aportar documentos, exenciones en impuestos o en las cuotas de la Seguridad Social. Añade, asimismo, que las donaciones extraordinarias de empresas a sus trabajadores afectados estén exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por último, recoge la creación de una Comisión de Seguimiento «formada por los ministerios competentes en las actuaciones a llevar a cabo, así como las comunidades autónomas, diputaciones, entidades locales, agentes económicos y sociales, y representantes del sector privado».

En sus disposiciones adicionales, la proposición de ley del PP incluye «beneficios fiscales» específicos para los afectados por la dana del 29 de octubre.

Entre otros, contempla la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas dañadas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en las obras de rehabilitación, para las que se establece un tipo cero del IVA, que se extiende también a la compra de vehículos en sustitución de aquellos destruidos. En ese sentido, se prevén compensaciones ante la disminución de ingresos para ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

Asimismo, propone la concesión de 25 millones de euros a la Generalitat Valenciana para construir 250 viviendas públicas en la zona cero y agilizar los realojos, así como la cesión de 1.056 inmuebles de la Sareb ya existentes en el área.