El PP ha remitido un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se amplíe el procedimiento abierto sobre abusos a menores tutelados por la Generalitat tras el caso de las niñas, de 14 y 16 años, drogadas y violadas en una casa ocupada de Gandía ... durante los diez días que estuvieron desaparecidas del centro de protección en el que vivían.
El documento, firmado por la diputada popular Elena Bastidas, hace referencia a las informaciones publicadas en medios en los últimos días tras conocerse la operación de la Guardia Civil que, como informó ABC, destapó un grupo criminal que engañaba a las menores facilitándoles cobijo en la vivienda y abusando sexualmente de ellas tras ofrecerles substancias psicotrópicas. Los hechos ocurrieron entre junio y julio del año pasado y se pudo localizar a las víctimas gracias a la colaboración de la madre de una de ellas. Entre octubre y noviembre se detuvo a cuatro hombres.
En ese sentido, la Generalitat ha defendido que se cumplió el protocolo y se advirtió a las fuerzas de seguridad de la desaparición de las chicas de una de las residencias que gestiona la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la comarca valenciana de La Safor.
La petición del PP a las instituciones europeas, que ahora se extiende, fue presentada en marzo de 2021 y admitida en octubre de ese año por la comisión que preside Dolors Montserrat, quien fue ministra del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde el Ejecutivo autonómico que lidera Ximo Puig han tildado de partidista la actuación de Montserrat.
En ese escrito inicial, Elena Bastidas solicitó la intervención del Parlamento Europeo para que recabe datos y testimonios sobre abusos sexuales a menores tutelados ante la, a su juicio, falta de prevención y de control de los hechos tras las denuncias por parte de las autoridades valencianas.
El pasado mes de septiembre, el Comité de Peticiones acordó -con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos- mantener abierto el procedimiento tras una tensa sesión en el que los populares esgrimieron un informe del Síndic de Greuges -el equivalente al Defensor del Pueblo- que cifraba en 175 los casos de presuntos abusos a menores en un año en la Comunidad Valenciana.
Pero, sobre todo, aludieron a la instrucción judicial en curso con dieciséis imputados sobre la gestión que se hizo en 2017 de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Oltra, entonces máxima responsable de estos centros.
Por su parte, el director general de Secretariado y de la portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, defendió -mediante un documento de 3.500 folios- las mejoras en la protección de niños y adolescentes en condiciones de alta vulnerabilidad que se aplican desde 2015. Al respecto, calificó las acusaciones del PP como falsa y lamentó el uso político que se le estaba dando a un asunto tan complejo.
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