Caso Mónica Oltra: la investigación judicial que truncó la carrera política de la líder de Compromís

Ella misma reconoció que el demoledor escrito de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana había marcado un punto de inflexión en su estrategia de resistir el golpe, antes de dejar también el acta de diputada autonómica, perdiendo así su condición de aforada. La fiscal le atribuyó un «plan», orquestado desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una niña tutelada de 14 años.

Oltra ya dirigía este departamento cuando se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017, en una residencia concertada de Valencia en la que su entonces pareja era monitor. El agresor fue condenado a cinco años de prisión, a la espera de que se resuelva su recurso presentado en el Tribunal Supremo.

El juicio en 2019, al que la menor acudió esposada porque nadie advirtió a los policías de que comparecía como víctima, tuvo que repetirse parcialmente en 2021 con idéntico resultado. No se habían tenido en cuenta unos documentos que exculpaban al acusado y que han resultado ser uno de los principales indicios de jueces y fiscales contra la dirigente de Compromís y los otros quince investigados en la causa abierta actualmente en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

El fallo condenatorio de la Audiencia de Valencia contra Luis Ramírez Icardi -ratificado por el TSJ valenciano- fue el germen de este procedimiento: el tribunal señaló «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla». También apuntó por primera vez a la «'instrucción' paralela» practicada por Igualdad, un expediente abierto cuando un juez ya investigaba el asunto y había dictado una orden de alejamiento. Informes que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat».

Con estos argumentos, la víctima, representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto, llevó esa presunta desprotección a los tribunales. Su denuncia se sumó a una querella presentada contra Oltra por la exdirigente de Vox Cristina Seguí y dio pie a una causa en la que la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Circunstancia por la que la exconsellera siempre ha calificado el proceso como «una cacería de la extrema derecha».

La víctima relató por primera vez los abusos el 20 de febrero de 2017, pero desde el centro de menores no le dieron credibilidad a la joven tras elaborar un informe interno. No fue hasta junio de ese mismo año cuando la niña denunció lo ocurrido ante dos policías, que sí dieron traslado de su testimonio a la Fiscalía de Menores.

Por la Ciudad de la Justicia de Valencia fueron desfilando a principios de 2022 funcionarios de la Generalitat y trabajadoras de la residencia en el que ocurrieron los hechos para declarar como investigados ante el instructor Vicente Ríos. Todos rechazaron haber recibido cualquier tipo de presión desde el Gobierno autonómico.

El magistrado decidió elevar el caso al TSJ, el único que podía investigar a la entonces portavoz del Ejecutivo que preside Ximo Puig. El alto tribunal valenciano recogió el guante y la imputó, pero tras la renuncia de Oltra al acta de diputada, las diligencias volvieron al juzgado inicial.

El parentesco que tenía Mónica Oltra con el educador del centro Niño Jesús de Valencia y las consecuencias mediáticas que el suceso podía acarrear para su carrera política siempre han estado en el centro del caso.

Desde que los abusos salieron a la luz pública, la dirigente ha reiterado -así lo hizo durante su comparecencia ante el juez en septiembre- que, pese a que convivía con el agresor, no conoció lo ocurrido hasta el 4 de agosto de 2017, cuando recibió una notificación judicial en su casa. Por tanto, tampoco tenía constancia de los pasos que los técnicos habían dado desde principios de año, aunque sí pidió a sus subordinados -su entonces jefe de gabinete también está imputado- que recabaran información y aseguraran la protección de la víctima.

Cuatro días después, Igualdad abrió un expediente informativo reservado sobre lo ocurrido, «a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos». Sin embargo, el juez instructor defiende que se elaboró por orden verbal de Oltra y se orientó a «desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

La dirigente de Compromís llegó a asumir el primero de esos extremos en unas declaraciones a los medios el pasado mes de marzo, pero pocos días después se retractó, asegurando que sus palabras se enmarcaban en un intento de defender el trabajo de los funcionarios ante los ataques de la extrema derecha.

Durante sus comparecencias como imputadas en sede judicial, tanto la directora como la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero y Gemma Plaza, negaron taxativamente que Oltra hubiera dado cualquier directriz. Ambas defendieron que actuaron por su cuenta cuando tuvieron conocimiento de los hechos por parte de la dirección territorial.

El polémico documento, que incluía un informe del Instituto Espill–la entidad entonces encargada de examinar a las víctimas de abusos– nunca ha estado en manos de Oltra, según ella misma aseveró al instructor. También incidió en que, hasta la primera sentencia contra su exmarido en 2019, no supo nada más del asunto ni de las decisiones que se habían tomado en el seno de su Conselleria.

El magistrado calificó el expediente como una «investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste». «Al nivel propio de los indicios, no existió en sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos», según el instructor, que afeó también la falta de protocolos y de colaboración con la Fiscalía de Menores pese a sus requerimientos.

Ante esos «indicios racionales, serios y fundados», la Fiscalía Superior consideró que la actuación de Oltra y su equipo podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, a lo que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia sumó la sospecha de malversación impropia en el último pronunciamiento, el que truncó la carrera de la exvicepresidenta autonómica. Un auto en el que se volvió a apuntar a «la posible existencia de un concierto entre la señora Mónica Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».

Se da por hecho que la investigación judicial -prorrogada hasta abril- no se cerrará antes de las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2023, por lo que ni será candidata ni estará en las listas de Compromís a la Generalitat.

Si el caso se archivara antes de esa fecha, el reglamento de primarias de la coalición -que se celebrarán en febrero con Joan Baldoví como único aspirante de momento- abre la puerta a incluir a una de sus figuras más relevantes en el último instante.

De momento, las diligencias sigue su curso. Vox ha reclamado que se incorporen a la instrucción las llamadas que intercambió Oltra con su exmarido y su entonces jefe de gabinete en agosto de 2017.

Antes de tomar una decisión, el titular de Instrucción número 15 solo ha ordenado a la Policía Judicial que compruebe los números de teléfono asignados por la Generalitat a estos imputados en ese periodo clave y si la compañía telefónica todavía guarda esas llamadas o mensajes en sus sistemas, al haber transcurrido ya más de un lustro.

El juez sí que abrió a finales de octubre una pieza separada secreta para incorporar los correos electrónicos oficiales de catorce de los dieciséis imputados en la causa durante dos periodos bajo lupa.