Bruselas investigará la gestión del caso de los abusos del exmarido de Mónica Oltra

El organismo comunitario acordó seguir adelante con la queja por la portavoz adjunta del grupo popular en las Cortes Valencianas Elena Bastidas tras un encendido debate moderado por la presidenta de la Comisión de Peticiones, la exministra española Dolors Montserrat, en el que la Generalitat, a través del director general de Secretariado y de la portavoz del Consell, Juan Vicente Santos, trató sin éxito que el Comité de Peticiones diera carpetazo al asunto.

El representante del Gobierno que preside Ximo Puig enmarcó la denuncia del PP en un «intento de atacar» a Mónica Oltra con «fines partidistas» ante la próxima celebración de las elecciones autonómicas. Para Santos, la iniciativa supone un «vergonzoso uso político de los abusos sexuales a menores».

El alto cargo de la Generalitat sostuvo que la sentencia por la que Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de la política de Compromís, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar en un centro de menores de una niña tutelada «no es firme y está pendiente del recurso presentado ante el Tribunal Supremo».

Pese a que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tiene abierta una causa que investiga si desde la Conselleria de Igualdad se trató de ocultar el caso y desacreditar a la víctima en la que está imputada Mónica Oltra junto a otros trece altos cargos y funcionarios, Santos sostuvo que «no hay irregularidades de la Generalitat en este asunto».

El emisario del Gobierno valenciano encontró el respaldo de los representantes socialistas en la Comité de Peticiones, que el igual que el resto de grupos de izquierdas afines a Compromís como ERC o Izquierda Unida votaron en contra de mantener abierta la queja, que seguirá su curso gracias a los eurodiputados del PP, Vox y Ciudadanos.

Al respecto, Elena Bastidas denunció que la mayoría de izquierdas ha impedido hasta en tres ocasiones aprobar una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Tampoco el Congreso dio vía libre para abordar los casos de abusos sexuales en la Comunidad Valenciana y Baleares.

Al igual que sucedió con el archipiélago, queda ahora abierto el resquicio para que una misión de eurodiputados analice los casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en centros públicos dependientes de la Generalitat. Con todo, esa decisión compete a la Comisión Europea.

En ese sentido, al margen del caso concreto del exmarido de Mónica Oltra, el PP esgrimió un informe de la Sindicatura de Greuges, equivalente el Defensor del Pueblo autonómico, en el que constan hasta 175 casos de presuntos abusos a menores en la Comunidad Valenciana en solo un año. Dicha investigación quedó cerrada después de que la Conselleria de Igualdad asumiera las recomendaciones que contenía el documento.

Con todo, el PP insistió este jueves en la necesidad de «la intervención de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto«.

En su réplica, el representante de la Generalitat, que aportó un documento de 3.493 folios y mantuvo contactos previos con homólogos de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y con los de Justicia y Derechos Fundamentales de la Comisión Europea, sostuvo que «las acusaciones son falsas» y defendió el «avanzado nivel de protección a la infancia y a la adolescencia en la Comunidad Valenciana desde el año 2015», cuando comenzó a gobernar el Ejecutivo formado por el PSPV-PSOE y Compromís.

Bastidas contrapuso estas afirmaciones con el caso de abusos cometido por el exmarido de Mónica Oltra. Así, afeó a la Generalitat que durante cuatro meses no diera cuenta de la denuncia de la niña, que llegó a la Fiscalía de Menores a través de la Policía Nacional.

La diputada del PP también lamentó que la Abogacía de la Generalitat no defienda a la víctima de los abusos de la exvicepresidenta, quien el próximo 19 de septiembre declarará ante el Juzgado en calidad de imputada.

El magistrado debe decidir si incorpora a la causa los correos electrónicos que se remitieron los investigados conforme reclama la acusación particular que ejerce la asociación Gobierna-te. La Fiscalía apoya la diligencia siempre y cuando se acote al periodo temporal comprendido entre finales de febrero de 2017 (cuando el centro de menores tuvo la primera noticia de la denuncia por abusos) y noviembre de ese mismo año. Según, el fiscal, deben incorporarse a la causa los correos que «hagan referencia explícita» a los hechos denunciados por Teresa o «a las actuaciones derivadas».

Por último, sostiene que deberían limitarse la pesquisas a las comunicaciones relacionadas con el caso y dejar fuera el resto.