Policías valencianos alzan la voz tras la dana: «No podemos trabajar con plantillas diseñadas hace décadas»

Así, la organización sindical reivindica la revisión, actualización y ampliación de la plantilla, puesto que la «infradotación crónica» provoca que los agentes soporte una «sobrecarga laboral insoportable», con «constantes denegaciones de permisos y días libres por necesidades del servicio», lo que se traduce, según Jupol, en un «deterioro evidente en la atención al ciudadano».

«Es hora de dimensionar adecuadamente los recursos humanos a la realidad actual. No podemos seguir trabajando con plantillas diseñadas para una Valencia de hace décadas», denuncian. Al respecto, califican la situación de la provincia de Valencia de «insostenible», dado que la «ausencia» de recursos humanos, materiales y formativos adecuados, junto a «decisiones arbitrarias e injustas», genera un «escenario de sobrecarga, desmotivación y merma en la calidad del servicio».

Una situación de desasosiego que, de acuerdo con las quejas de Jupol, se ha recrudecido tras la dana del pasado 29 de octubre por diferentes aspectos. El primero de ellos, la «vergüenza» por los criterios seguidos en la concesión de medallas, donde miembros de la cúpula de Jefatura han sido condecorados pese a no haber participado directamente en los rescates, según el sindicato. Mientras tanto, «los agentes que arriesgaron su integridad en primera línea han quedado invisibilizados», subraya.

«Esta práctica no solo desvirtúa el sentido real de las condecoraciones, sino que genera un profundo sentimiento de injusticia, humillación y desmotivación entre la plantilla. Es inaceptable que se premie desde los despachos mientras se olvida a quienes estuvieron salvando vidas», denuncia el secretario provincial de JUPOL en Valencia, Sebastián Gómez.

En paralelo, a este «agravio», se le suma la «nefasta gestión de la productividad relacionada con la dana, que desveló ABC en exclusiva, que ha supuesto la detracción «injustificada» de miles de euros a miles de agentes en la provincia. Jupol señala que esta decisión se ha tomado con »opacidad absoluta, sin justificación alguna y sin comunicación oficial conforme a la normativa«.

La organización sindical ha solicitado por escrito en diferentes ocasiones los criterios utilizados para realizar estos recortes, sin obtener más respuesta que el «silencio administrativo». Esta situación, además de «atentar contra los derechos laborales», tiene un impacto directo en la economía familiar de los agentes, «ya de por sí castigada». «Exigimos la devolución inmediata de todas las cantidades detraídas y una explicación transparente sobre los criterios aplicados. No vamos a permitir que el sacrificio de nuestros compañeros sea recompensado con un perjuicio económico», insiste el sindicato.

Otras dos «deudas pendientes» de la Policía Nacional con sus trabajadores de Valencia, explica la organización, son la falta de formación presencial y práctica y la carencia de una segunda galería de tiro del nuevo complejo policial de Zapadores.

Más allá del ámbito local, Jupol considera prioritario la actualización urgente de las dietas, «congeladas desde hace años y desfasadas respecto al coste de vida actual». Además, exige una revisión profunda de la normativa que regula la función policial, modernizando leyes y reglamentos para «adaptarlos a la realidad social, profesional y operativa del siglo XXI». Igualmente, alerta sobre la falta de presupuesto para las cajas pagadoras de las comisarías, «una carencia que dificulta el funcionamiento diario y compromete la eficacia del servicio policial».

A este «abandono» se suma la indignación por «el despilfarro y los privilegios» de la cúpula policial durante la celebración de los actos oficiales. «Mientras se recortan recursos básicos en las comisarías —sin dinero para reparar vehículos policiales o incluso para imprimir atestados—, se destinan importantes cantidades a fastuosos eventos, viajes y estancias de familiares de altos mandos», según la denuncia de Jupol, que avisa que los agentes que son obligados a acudir desde distintas unidades deben pagar sus desplazamientos por adelantado, mientras la Junta de Gobierno «sigue disfrutando de gastos cubiertos con fondos públicos sin transparencia alguna».

Asimismo, critica el uso continuado por parte del Ministerio del Interior de una ley franquista de 1964 para la concesión de medallas y condecoraciones policiales. «Una norma anacrónica, elaborada en un contexto político dictatorial, que sigue rigiendo en pleno 2025 la forma en que se reconoce –o se desprecia– el mérito policial y permite premiar discrecionalmente a altos mandos, muchos ya jubilados, que reciben condecoraciones que en realidad suponen «jubilaciones doradas»: una medalla de plata puede incrementar su pensión en cerca de 12.500 euros anuales (unos 900 euros al mes)», lamenta.

«Todo ello mientras héroes reales, como los tres agentes de Vallecas que arriesgaron su vida en acto de servicio, han quedado injustamente fuera del sistema de reconocimientos o se negó hasta en dos ocasiones la medalla de Oro para el Rey Felipe VI por su involucración como presidente de la Comisión Organizadora de los actos del 200 Aniversario de la Policía Nacional, una negativa que se llevó a cabo con el beneplácito de la Junta de Gobierno de la Policía, la DGP y el Ministerio del Interior», critica Jupol.

«Esta legislación, obsoleta y carente de legitimidad democrática, permite al Gobierno otorgar medallas a discreción sin criterios objetivos ni transparentes, favoreciendo a altos mandos y comisarios jubilados que, en muchos casos, no cumplen los requisitos que la propia normativa establece para ser condecorados. Mientras tanto, los agentes de base, aquellos que patrullan las calles, arriesgan sus vidas, trabajan en condiciones precarias y sostienen con su esfuerzo diario la seguridad de todos los ciudadanos, siguen siendo sistemáticamente ignorados», concluye.