Cientos de policías nacionales tendrán que devolver la paga extra que cobraron en la dana sin estar

El pasado 30 de diciembre se realizó el pago de unos importes variados a funcionarios de la Jefatura Superior de Valencia, así como de otras plantillas, que con ocasión de la riada habían realizados servicios en los municipios golpeados por las graves inundaciones que costaron la vida a 229 personas. Según el sindicato Jupol, sobre estas remuneraciones no hubo información previa por parte de la Dirección General, generando un «gran desconcierto» entre los agentes.

En concreto, inicialmente, esta gratificación por la dana estaba compuesta por dos conceptos: uno de ellos correspondía al pago de 100 euros por cada servicio extraordinario y el otro a una retribución lineal de 45 euros por día, comprendidos entre el 29 de octubre y el 17 de diciembre. En aquel momento, señalan las mismas fuentes sindicales, se les informó que tenían derecho a cobrarla las plantillas de las comisarías de Valencia, Torrent, Xirivella y Alzira, por lo que reclamaron que se ampliara a departamentos como la Unidad Adscrita de Quart de Poblet y al GOR de Gandía, entre otros.

Ante las quejas recibidas, una de ellas de Jupol fechada del 10 de enero, Jefatura pidió el detalle de los agentes que habían participado en tareas vinculadas a los destrozos causados por la dana y los que estaban disponibles y operativos de manera presencial. Con ello, no sólo trataba de recompensar a todos los policías que trabajaron en zonas afectadas, incluso de fuera de Valencia, pues llegaron de otras autonomías, sino que además pretendía hacer devolver la productividad a los indicativos que se encontraban de baja por acto de servicio, paternidad o disfrutando de otras clases de permisos. Algo que en las primeras reuniones no se les comunicó, de acuerdo con la versión de la asociación mayoritaria.

Aquí subyace la indignación de los diferentes sindicatos para con la reorganización del bonus extra. El secretario regional de Jupol en la Comunidad Valenciana, Sebastián Gómez, muestra en ABC su «profunda indignación» por la gestión de Jefatura Superior al considerar que «desde el inicio se ha actuado con opacidad y errores graves que dejaron fuera a muchos compañeros que trabajaron sin descanso».

Pese a celebrar que en la rectificación se reconozca parte de estos derechos, entiende Gómez que «nueve meses después la mala praxis» de la Dirección Adjunta Operativa y del jefe superior, «vuelve a castigar a cientos de policías», al anunciarse detracciones elevadas en nóminas sin previo aviso ni explicación. «Esta situación provocará que en septiembre haya agentes con sueldos de apenas 100 o 200 euros, e incluso nóminas negativas», lamenta.

Jefatura se reunió el pasado 13 de junio con los diferentes sindicatos policiales para desgranar los argumentos para reorganizar los pagos extra por la riada meses después. Según confirman fuentes de la Policía Nacional a este periódico, se han detectado errores en la remuneración de cantidades que no correspondía en unos casos, así como la falta de pago en otros, por lo que se es preceptivo proceder a regularizar esta situación. De hecho, cifran que el número de agentes afectados de una manera u otra asciende a cerca de 3.500.

A una petición de información presentada por Jupol el 29 de agosto, la Dirección General de Policía no entra en detalle sobre las personas a las que se les va a detraer y por qué motivos la productividad, aludiendo que «esta cuestión excede del ámbito competencial» de la citada jefatura. «Es curioso que a pesar de haber solicitado en distintas ocasiones a diferentes órganos que se informara de los criterios, estas no han sido atendidas, más allá de unos escuetos y contradictorios conceptos básicos», critica Gómez.

Sí explican que se les va a abonar a los funcionarios que cumplan con los criterios de pago que se comunicaron en la reunión con las organizaciones sindicales, al tiempo que confirma que la detracción se va a realizar en la nómina correspondiente al mes de septiembre, la cual se notificará a los funcionarios a través de su correo electrónico. En paralelo, abre la puerta a que, en función de la cuantía a reclamar, se pueda aplicar de forma fraccionada en más de una nómina. Esta era una de las peticiones de los sindicatos, pues entienden que los errores «parten de la propia administración».

Al respecto, la Administración tiene la potestad de reclamar cantidades abonadas por error, lo que se conoce como 'reintegro de pagos indebidos'; no obstante, no es automático y debe seguir los cauces del procedimiento administrativo reglado por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que implica que el funcionario debe recibir una notificación oficial en la que se inicie el expediente, se expliquen los motivos y se conceda un plazo para presentar alegaciones. Comunicación que todavía no se ha producido, según ha podido saber ABC y que para los sindicatos supone el principal «malestar».

En el caso de los agentes que deberán devolver más dinero del que percibieron, la diferencia se debe a la distinción entre el salario neto y bruto. El funcionario recibió el dinero resultante tras aplicar las retenciones correspondientes al IRPF, por lo que deberá abonar todo el bruto y después solicitar la devolución de retenciones a la Agencia Tributaria.