La Policía Nacional acaba con una red de traficantes que 'cocinaba' 30 kilos de cocaína al día en Valencia

La operación se inició en julio de 2024, con la detección de una empresa española a la que se consideraba sospechosa de introducir sustancias estupefacientes en territorio nacional por el puerto de Valencia. Esta sociedad mantenía relaciones comerciales con una exportadora con una larga lista de antecedentes por tráfico de drogas.

La sociedad investigada realizó una primera importación de pulpa de fruta congelada en agosto de ese mismo año y, a partir de ese momento, los investigadores realizaron el seguimiento y control de sus operaciones a la vez que continuaban ahondando en el entramado económico de la entidad y en la propia actividad de su administradora, cuyos ingresos en apariencia se limitaban al cobro de una prestación por desempleo, pese a que sufragaba operaciones de importación internacional de contenedores.

En diciembre de 2024, la empresa realizó una segunda importación de pulpa congelada, que depositó en un almacén de frío en una localidad cercana a Valencia, ya que carecía de infraestructura para gestionar el envío. A principios de febrero, la administradora de la empresa gestionó la retirada de la mercancía de este depósito. La gran mayoría de la pulpa fue enviada a un distribuidor legal, pero los bidones que contenían la guayaba quedaron en el almacén de frío, indicando la administradora que serían retirados al día siguiente.

Establecido el correspondiente servicio de vigilancia, se detectó la llegada de la administradora y de un varón, de nacionalidad albanesa, con múltiples antecedentes por delitos patrimoniales, que cargó parte de la pulpa de guayaba en una furgoneta refrigerada y la transportó a un chalet ubicado en el término municipal de Oliva, alejado de zonas habitadas.

La mercancía fue descargada en su interior y dejada a la intemperie, ya sin interés por respetar la cadena de frío. En los días siguientes este individuo descargó el resto de la pulpa y permaneció custodiando ese inmueble, donde residía acompañado de varios perros, en clara actitud de vigilancia.

Para las labores de descarga, esta persona fue ayudada por otros dos ciudadanos albaneses que habían llegado a España unos días antes y que se alojaban en apartamentos turísticos de alta gama, utilizando vehículos de alquiler para sus desplazamientos.

En este contexto se llegó a la detección de un cuarto individuo, también albanés y asentado en España que, aparentemente, era el supervisor de la rama albanesa de la organización. Esta persona mantenía reuniones con dos hermanos de nacionalidad colombiana que habían llegado recientemente a España, y que se alojaban en Valencia y en Alboraya, en inmuebles gestionados por los albaneses.

Además, se detectaron reuniones con un varón español, vecino de Catarroja, con antecedentes por tráfico de drogas en Ecuador. Este, a su vez, parecía tener bajo su control a un grupo de individuos sudamericanos, residentes en un inmueble de su propiedad y que eran trasladados a un chalet situado en el término municipal de Torrent.

Los funcionarios detectaron que los sudamericanos residentes en Catarroja eran trasladados a otro chalet en la localidad de Alberic, donde pasaban gran parte del día. Paralelamente, el ciudadano español del que dependían comenzó a adquirir grandes cantidades de productos químicos de forma gradual, que almacenaba en un bajo de Catarroja, desde donde eran distribuidos a los chalets.

Igualmente, los hermanos colombianos realizaron visitas puntuales a estas viviendas, que permitió a los investigadores detectar estaban ultimando la instalación de laboratorios para iniciar el proceso de extracción de cocaína.

La actuación se precipitó cuando los investigadores observaron movimientos que llevaron a pensar que la organización ya había obtenido la sustancia estupefaciente, por lo que se solicitaron las entradas y registros pertinentes.

Los diez registros se llevaron a cabo en dos fases en ocho localidades de la provincia de Valencia. La primera tuvo lugar el viernes 25 de abril y se centró tanto en las ubicaciones críticas para la organización, como en la captura de los líderes de la red, realizando registros en el chalet en Alberic, dos pisos y un bajo en Catarroja, un piso en Pobla Llarga, y un apartamento en Alboraya, mientras que al día siguiente se registraron los chalets de Oliva y Torrent, otro chalet en Turis y un piso en Valencia.

El registro en Alberic llevo a la detención de siete personas, seis sudamericanos y un español, que se encontraban trabajando en un sótano, en malas condiciones de habitabilidad y ventilación, donde estaban manipulando la pulpa de guayaba para separar de este producto la pasta base de cocaína. Además, se realizó un registro en un domicilio de Pobla Llarga, donde se intervinieron casi 40 kilos de pasta base de cocaína, junto con un ladrillo de cocaína.

En el resto de registros practicados se intervino dinero, pequeñas cantidades de droga y abundante material químico, además de pegatinas con el anagrama de una marca de coches, que iban a ser utilizados para marcar los paquetes del estupefaciente.

Al día siguiente de desarrolló la segunda fase, con la localización de un segundo laboratorio, en la localidad de Torrent. Allí, la organización llevaba a cabo el proceso de clorhidratación de la pasta base de la cocaína, donde obtiene su característico aspecto blanco –además del secado y presentación de la droga–, localizándose la maquinaria para ello, que incluía una prensa de 15 toneladas y un molde con el logotipo de la empresa automovilística. Igualmente, se registró un chalet en Oliva, donde, además de la pulpa, se intervinieron armas de fuego y abundante munición, así como billetes de euro falsificados.

De acuerdo con las características y medios que presentaba el 'macrolaboratorio' dividido en dos ubicaciones, los investigadores estiman que, de tener un flujo continuo de trabajo, podría llegar a producir de 20 a 30 kilos de cocaína al día.

Es habitual que este tipo de organizaciones tiendan a separar el lugar donde almacenan la materia prima del lugar donde se realiza el proceso de 'cocinado' de la sustancia estupefaciente, que generalmente se lleva a cabo de forma completa en una misma localización.

Mientras se estaba desarrollando la segunda fase de la operación, uno de los cabecillas de la organización albanesa fue localizado por los agentes mientras trataba de salir de España a través del aeropuerto de El Prat por lo que fue arrestado.

Como resultado de estas entradas y registros, se procedió a la detención de 18 personas y la intervención de múltiples efectos, incluyendo 32.735 euros, 38.850 euros falsos, 38,2 kilos de pasta base de cocaína, 7,4 kilos de cocaína, 87 gramos de hachís y 94 gramos de marihuana.

También se ha procedido a la incautación de abundante material para la preparación de la cocaína: más de 500 kilos de precursores sólidos y más de 7.000 litros de precursores líquidos, así como instrumentos y maquinaria de laboratorio como probetas y manómetros, cinco envasadoras de vacío, tres balanzas de precisión, microondas, hornillos, ollas, lámparas y otros elementos relacionados con la clorhidratación de la pasta base de cocaína, prensas, moldes, y logotipos.

La organización contaba también con armas y munición igualmente intervenidas: dos machetes, cuatro pistolas, un revólver, una pistola de caza, 30 cargadores de diferentes armas y calibres, entre 500 y 1.000 cartuchos de munición, un silenciador, una pistola eléctrica y tres defensas extensibles. También se han intervenido cinco coches de alta gama, chalecos de policía, una baliza de seguimiento, 28 teléfonos móviles, varias tarjetas SIM, diversas anotaciones contables y otra documentación.

Posteriormente, se procedió a la detención, los días 21 y 22 de mayo, de otras siete personas más que aparecen vinculadas, directa o indirectamente, al funcionamiento y actividad de la organización, como son la propia administradora de la empresa importadora, o los arrendatarios y propietarios de los vehículos e inmuebles utilizados por los miembros de la red criminal.

La investigación desplegada ha permitido llegar a altos responsables de la organización, permitiendo así desarticular el completo funcionamiento de la red, así como la detención de un total de 25 personas, de ellas 12 de nacionalidad colombiana, nueve españoles, dos albaneses, un mexicano y un italiano. Se ha solicitado al Juzgado número 4 de Ontinyent, que dirige la investigación, la expedición de órdenes internacionales de detención para el resto de miembros de la organización, que, en el momento de la actuación, se encontraban fuera de España. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.