«¿Pedimos la amnistía?»: la Sareb desahucia a 71 familias como si fueran okupas por no creer que viven en sus pisos hace años
Un afectado del edificio en Peñíscola lanza un SOS en redes sociales contra el desalojo por orden judicial de más de 200 adultos, ancianos y niños: «A ver si nos indultan»
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Iniciar sesión«¿Qué hacemos, pedimos el indulto, pedimos la amnistía? Familias trabajadoras que han ido pagando su alquiler religiosamente siempre, de la anoche a la mañana te echan a la calle». El SOS de Marc B. en redes sociales resume la situación de callejón ... sin salida a la que se ven abocadas 71 familias de Peñíscola (Castellón) al ser desahuciados por orden judicial a raíz de una denuncia de la Sareb, que no se cree que viven en este edificio desde hace años.
Sólo a unos pocos se le ha dado credibilidad en el juzgado al presentar documentos de arrendamiento o compra-venta, o recibos de suministro, y se han salvado de la expulsión de sus hogares en un inmueble de la calle Maestro Roca, a instancias del llamado 'banco malo' creado por el Estado y donde el Gobierno mantiene casi la mitad de participación como propietario, denominada Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
«¿Dónde vamos a ir en Peñíscola, que no hay alquileres, te tienes que ir del pueblo?», se lamenta. «Pretenden echarnos a la calle y hay personas mayores que no tienen ni para pagar una fianza», denuncia Marc, que ha lanzado en internet este mensaje de socorro «a ver si hay algún abogado especialista en estos asuntos y entre todos pagamos sus honorarios» para salvarlos del drama de verse en la calle.
Un procedimiento con incógnitas
«¿Cómo puede ser? Hay gente que se dedica a buscar resquicios legales para aprovechar que hay litigios en edificios, como este que está posiblemente embargado y va a salir a subasta», conjetura este afectado, que ya tuvo que acreditar que reside en su casa también en los juzgados.
Incluso cabe que todo se origine por algún tipo de negligencia en los trámites, en este proceso. «En mayo nos convocaron para entregar los contratos de alquiler en el juzgado de Vinaròs, pero nadie nos volvió a convocar para presentar más documentación como los recibos de agua o luz», relata Marc. Tal vez eso explique que en el procedimiento de ejecución hipotecaria se refleje que no comparecieron muchos afectados.
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«En la resolución se acogen a eso para resolver que falta documentación y no queda demostrado que seamos inquilinos», añade este padre de familia, que vive desde hace cuatro años en esta vivienda. De hecho, él ya tuvo que acreditarlo: «A mí me quisieron desahuciar el año pasado alegando que debía siete meses [de alquiler]; los llevé a juicio y gané porque nunca he debido nada».
Como posible hipótesis del origen de este desahucio colectivo repentino e inesperado, apunta a posibles intermediarios que podrían especular con el inmueble. «Hemos pagado el alquiler a diferentes empresas aunque su representante era el mismo; al principio poníamos la dirección y el nombre en el concepto del pago hasta que un día nos pidieron que pusiéramos un número asignado», explica.
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