El Gobierno ultima en Denia su mayor desahucio colectivo con 3.000 afectados en casas de la costa para expropiar

Este municipio alicantino es uno de los más afectados, aunque hay otros en la misma Costa Blanca alicantina, con diez kilómetros de litoral que este martes han empezado a ser delimitados por técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, con unas 1.700 viviendas afectadas, según cálculos de las plataformas vecinales y un recurso elevado al Tribunal Supremo.

Esas marcas sobre el suelo ya convierten en franja de reserva para el mar a muchas casas cuyos propietarios ya no podrán reformar ni arreglar, cuando periódicamente sufren daños por los temporales que causan regresión de la tierra y el avance del mar. De hecho, algunas de las plataformas de afectados ya han protestado porque las imágenes en las que se basan las mediciones fueron captadas en 2020 y el paisaje ya ha variado por efecto de la climatología.

«El objetivo de estas asociaciones, así como las más de 50 asociaciones equivalentes que existen a lo largo de toda la costa española, es la defensa nuestras playas y los derechos de sus ciudadanos ante el acoso injustificado y perverso que estamos sufriendo por parte del Estado a través de la Dirección General de Costas», han indicado desde dos de estas plataformas, Playas Norte de Denia (APND) y Playa Deveses-Basot, con más de 800 asociados.

Alertan de que «todos los vecinos de Denia están muy preocupados ya que el deslinde supone, en muchos casos, la pérdida de la propiedad de nuestras viviendas, legalmente constituidas y construidas a lo largo de más de 100 años».

Por esta razón, denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez «a través de la Dirección General de Costas actúa más un grupo organizado de trileros, canjeando la propiedad de las legítimas viviendas por concesiones, es decir, despojando de la propiedad de las mismas a sus legítimos propietarios». Al pasar a ser suelo público y no poder hacer obras, con el tiempo todas acabarán derruidas y sólo se pueden vender «a precio irrisorio», ya que el comprador potencial sabe de antemano que esa vivienda tiene fecha de caducidad. En definitiva, un desahucio legal que califican también de «robo» y «expolio» que deja sin «seguridad jurídica» a estas familias.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Denia, Pedro Pastor, ha lamentado que se les penalice y no se consideren estas construcciones como una «riqueza« para el litoral y no como un perjuicio.

Muchas de las construcciones tienen ya un siglo, algunas eran antiguas casas de pescadores que heredaron los descendientes de los dueños originales. «Y encima con la vergonzosa inquina de pretender culpabilizar a los vecinos de un problema que ellos no han generado», añaden.

En el caso de la playa Deveses, se está llevando a cabo la regeneración de la playa, pero antes de ver concluida este remozado, con el que se generarán más de 20 metros de litoral, se «despoja» de sus posesiones a los residentes, y esas propiedad pasan de la calificación urbana a rústica, «fuera de ordenación y, en consecuencia, objeto de confiscación y derribo».

El director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, se ha comprometido in situ, presente este martes en Denia, de que esta Administración alegará contra el procedimiento para reconducir la situación, que consideran injusta con los afectados.