La 'ONG del catalán' aprovecha la campaña contra la ley educativa valenciana para vender sudaderas a 25 euros

Una de los acciones que propone la entidad subvencionada por el anterior Ejecutivo autonómico del socialista Ximo Puig es que cada jueves la ciudadanía se ponga la camiseta verde que vende, con el lema 'La llengua no es toca', para «denunciar la censura, defender los derechos de los valencianoparlantes y reclamar la educación en valenciano».

La sudadera que comercializa en la tienda virtual de Plataforma es de color negro y porta el mismo lema que la camiseta. Su precio es de 25 euros y está fabricada de algodón y poliéster, con un diseño que incluye capucha, cordones a juego y bolsillo frontal. Dos productos exclusivos de la campaña contra la ley de libertad educativa que la autoproclamada 'ONG del Catalán promociona en redes sociales y que se añaden a un amplio catálogo en el que también se pueden adquirir otros objetos como bolsos -a diez euros-, gorras, y banderas con el eslogan 'Volem viure plenament en català' (Queremos vivir plenamente en catalán).

Mediante esta campaña, la entidad anima a los valencianohablantes a adquirir las prendas que vende y ponérselas cada jueves, así como hacerse una fotografía y compartirla en redes sociales para «hacer visible este movimiento».

La organización asegura, en un comunicado, que «desde las últimas elecciones municipales y autonómicas», en la Comunidad Valenciana «se están llevando a cabo graves vulneraciones contra los derechos lingüísticos de los valencianohablantes».

Entre ellas, cita la ley educativa impulsada por la Generalitat que, a su juicio, «busca exterminar el valenciano». «Esta proposición de ley crea dos sistemas, uno para la zona valencianohablante y otro para la zona castellanohablante. No garantiza que todo el alumnado pueda conocer los dos lenguas oficiales. Esto quiere decir que una parte de la población valenciana, en edad de escolarización obligatoria, no podrá tener los mismas posibilidades de desarrollo profesional y personal», lamentan.

Una proposición de ley, la de libertad educativa, que permitirá a los padres elegir la lengua base que desean para educar a sus hijos y que pretende «equiparar en libertad e igualdad el valenciano con el castellano», según afirmó el propio presidente Carlos Mazón, para que «no dependa del vaivén intervencionista de un gobierno y de otro».

De hecho, PP y Vox llevarán al pleno de las Cortes Valencianas de la semana que viene las cinco proposiciones de ley que han consensuado (Libertad Educativa, Concordia, À Punt, Transparencia y Agencia Antifraude), con lo que comenzará la andadura parlamentaria de estas normativas, que prevén que se puedan aprobar antes de que finalice este período de sesiones a mitad de julio, por lo que animaron a la oposición a «enmendar en lugar de desahogarse».

En paralelo, manifiesta Plataforma per la Llengua que «no se ha quedado con los brazos cruzados ante estos últimos ataques al valenciano» y, por eso, ha iniciado acciones legales y ha empezado a buscar apoyos en el Congreso para presentar un recurso al Tribunal Constitucional con el objetivo de «parar la ley educativa».

Además, critica que se ha intentado «desvirtuar el modelo lingüístico, ampliamente aceptado, atacando la Acadèmia Valenciana de la Llengua y suprimiendo la oficina de derechos lingüísticos».