Mazón detecta 4.000 contratos irregulares y 700 millones a dedo en la etapa de Puig

«Malgasto y descontrol» y «mucho ocultismo», ha resumido este martes el presidente autonómico, Carlos Mazón, en lo que ha definido como un «pozo sin fondo». Si de las conclusiones de ese examen se extraen responsabilidades administrativas o penales, el Ejecutivo de PP y Vox emprenderá medidas legales.

Los informes de la Intervención de la Generalitat, auditores externos, la Sindicatura de Cuentas y la propia dirección general del Sector Público apuntan a una «barra libre» de 253.122 contratos a dedo por valor de 713 millones de euros –159 en contratos menores y 554 sin tramitar expediente– durante las dos legislaturas de la izquierda en el poder, según ha revelado Mazón en su comparecencia.

Solo cuatro de las 54 entidades de la Administración valenciana reciben una valoración positiva en este punto en el análisis de la Intervención al ejercicio de 2021. Mismo año en el que se certifican más de 4.000 contrataciones de personal laboral temporal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, como es preceptivo. Esta cifra, que se enmarca en plena pandemia, no se corresponde con la contratación de más profesores o médicos, según el jefe del Ejecutivo autonómico.

De acuerdo con los datos aportados, el coste total en nóminas de la Generalitat pasó de 400 a 600 millones entre 2015 y 2022. En la misma línea, el dirigente popular ha revelado que poco antes de las elecciones del 28 de mayo, el anterior gobierno «trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos» en SGISE, la empresa pública que dirige los servicios de emergencias. Al mismo tiempo, ha acusado a sus predecesores de servirse de «informes políticos, que no técnicos» para no seguir las recomendaciones de los organismos oficiales que fiscalizan la gestión.

En algunos casos, «no se sabe quién ordena las transferencias y quién las recibe», ha incidido, pues en la mitad del medio centenar de entidades públicas analizadas «se detecta un riesgo alto» al producirse «pagos sin la autorización de la persona correspondiente o a cuentas bancarias no identificadas».

«La situación es crítica», ha advertido Mazón, a pesar de la reducción de altos cargos que se ha llevado a cabo tras el vuelco electoral a la derecha del 28M en la Comunidad Valenciana. «Tenemos el mayor déficit de España. La deuda pública está en máximos históricos: casi 60.000 millones de euros», ha lamentado.

El anunciado examen pormenorizado a la situación de la Generalitat se dividirá en dos partes y no estará listo hasta finales de año, aunque hasta entonces se conocerán dos informes parciales. Se llevará a cabo una auditoría 'forensic' –gasto por gasto para saber «dónde ha ido cada euro» y medir posibles fraudes– en determinadas entidades con mayor riesgo; así como otra en el conjunto del sector público para conocer su rumbo y «poner de manifiesto las duplicidades» e «ineficiencias».

Será una empresa externa la que se encargará de realizar ese trabajo a través de una licitación, cuyos pliegos se están ultimando, por lo que se desconoce el coste que supondrá para las arcas públicas.

En paralelo, tras un análisis preliminar, PP y Vox trasladarán a las Cortes Valencianas un proyecto de ley para suprimir seis entidades «fantasma» cuyas funciones ya tenía asignadas alguna dirección general. «Estas duplicidades palmarias darían lugar a más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar esa misma tarea, incrementando el gasto», ha sostenido.

Empresas que se crearon para «pagar favores y ejecutar enchufes masivos», ha añadido Mazón, y que ni siquiera se llegaron a ponerse en marcha. Son la Agencia Valenciana de la Energía; la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad; la Agencia contra el Cambio Climático; y la Escuela de Administración Pública.

«No tenían actividad ni dotación presupuestaria», ha incidido el presidente, que abre la puerta a liquidar más entidades y descarta crear nuevas. El personal «no político» adscrito a las mismas, «que es muy reducido», se incorporará a la dirección general que asume actualmente las competencias de esas agencias.

A estas acusaciones ha respondido el portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que ha defendido que la Sindicatura de Cuentas «ha avalado de manera reiterada la gestión del anterior Consell» y considera este movimiento de Mazón como «una cortina de humo» ante los casos de presunta corrupción de exdirigentes del PP que se van a juzgar en las próximas semanas.

Muñoz ha añadido que «no será tan mala» la labor de los socialistas al frente de la Generalitat cuando el actual presidente «mantiene a la persona que era responsable del sector público» y ha señalado que eliminar seis empresas sin actividad ni presupuesto supone «un ahorro de cero euros» para los valencianos.

En líneas similares, para el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, el anuncio de Mazón «parece una broma de mal gusto». A su juicio, se trata de «una ocurrencia que ya ha anunciado dos veces en los últimos meses y que a la hora de la verdad ha quedado en nada». «Todos los valencianos sabemos que el PP es experto en chiringuitos y en corrupción y sabe muy bien que las entidades que quiere eliminar no responden a esas malas prácticas del pasado», ha agregado.