El levantamiento de la pieza secreta sobre los abusos a una menor da vía libre al juez para volver a imputar a Mónica Oltra

Como informó ABC, este anexo se materializó en abril a petición de una de las acusaciones, la de la asociación Gobierna-te de la cofundadora de Vox Cristina Seguí, que solicitaba que se recopilara toda la documentación existente en las distintas sedes del departamento autonómico sobre la joven, que tenía 14 años en el momento de los hechos. De hecho, la Policía Judicial se personó en los despachos de la Dirección Territorial de Igualdad en Valencia el 20 de junio, apenas un día antes de que Oltra dimitiera.

También se solicitó la incorporación de los expedientes de contratación con el centro concertado Niño Jesús de Valencia en el que vivía la chica y trabajaba el educador Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo; así como los contratos con el Instituto Espill, la entidad a la que en ese momento se derivaba a las víctimas para que recibieran atención psicológica.

Sin embargo, tal y como consta en los escritos a los que ha accedido este periódico, ni el fiscal ni el magistrado vieron necesario practicar estas últimas diligencias. «Su unión a las actuaciones ya excesivamente voluminosas redundaría más bien en perjuicio neto para la instrucción», consideró el portavoz del Ministerio Público, al tiempo que entendía «groseramente desproporcionado» incorporar las comunicaciones entre los trece investigados -funcionarios de Igualdad y trabajadores del centro concertado- y otras personas desde que la menor relató los abusos por primera vez -principios de 2017- hasta la actualidad.

La exvicepresidenta de la Generalitat perdió su condición de investigada cuando el Tribunal Superior de Justicia devolvió el caso al juzgado de instrucción de origen, tras dimitir Oltra de sus cargos y renunciar al acta de diputada, dejando así de ser aforada.

La pieza secreta era un obstáculo que su defensa podía alegar a la hora de que su representada declarara como investigada en sede judicial, pues hasta ahora las partes no han podido tener acceso a su contenido. El secreto parcial de las actuaciones se había estado prorrogando durante meses, pero se levantó finalmente el 13 de julio.

Tanto las acusaciones -el abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, Vox y la asociación de Seguí-, como las defensas de los trece imputados ya tienen acceso a los los seis tomos -518 páginas- que componen los expedientes administrativos que «guardan directa y comprobada relación» con la menor tutelada, como en su día ordenó el magistrado.

Tres cajas correspondientes a tres expedientes diferentes -uno denominado 'brigada de información', otro sobre 'medidas judiciales' y un tercero llamado 'informativo'- con documentación que ya ha sido digitalizada. Precisamente, el último de ellos es el polémico informe que se sitúa en el centro del caso: según el juez, esta «investigación paralela» se utilizó para desprestigiar a la víctima y salvar los muebles de la Conselleria cuando el caso ya estaba en los tribunales.

De ahí que la Fiscalía Superior atribuyera a Mónica Oltra, a quien consideraba la ordenante verbal del mismo, el presunto delito de prevaricación, además de los de abandono de menor y omisión del deber de perseguir ilícitos, que se extendían al resto de los imputados.

Se da la circunstancia de que ese documento ya había sido aportado por una de las investigadas, la actual directora territorial de Igualdad en Valencia, Carmen Fenollosa. No obstante, ahora se cuenta con una copia certificada del original, extraída de los archivos de la propia Conselleria.