La Justicia perdona una deuda de 30.000 euros a una empleada despedida tras coger la baja por covid

Hasta 2020, la afectada abonaba regularmente la cuota de sus deudas gracias los ingresos que percibía cada mes. No obstante, todo se vino abajo en poco tiempo. Al verse afectada por Covid-19 solicitó la baja médica. Además, estaba pendiente de una intervención quirúrgica, debido a una enfermedad que ya mermaba sus capacidades laborales. Esto no fue bien recibido por su empresa, la cual decidió prescindir de ella.

«Su jefe no se lo tomó bien y aprovechó para despedirla de su puesto de trabajo. Esta, como es lógico, se quedó con una mano delante y otra detrás. Intentó por medio judicial reclamar lo suyo, pero no podía afrontar tal gasto con la prestación de desempleo», relatan desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, quien ha gestionado con éxito su reclamación.

Ante esto, contando solo con el dinero del paro, previó no poder hacer frente a todos los pagos mensuales. De cara a no dejar su préstamos en mora, intentó negociar con los bancos que le habían prestado dinero. Sin embargo, estos no facilitaron una solución y la deudora se vio obligada a buscar una alternativa.

Fue entonces cuando contactó con esta entidad sin ánimo de lucro formada por economistas y abogados, quienes le aconsejaron tramitar la Ley de la Segunda Oportunidad. «Una vez iniciado este procedimiento, la deudora puede empezar a dejar de pagar todas sus deudas, pudiendo destinar el total de sus ingresos a gastos esenciales como comida, transporte, suministros, incluso a un pequeño ahorro», explica Laura Muñoz, abogada de la asociación.

«Esta protección viene impuesta judicialmente y dura mientras dure el desarrollo del concurso de acreedores, hasta su resolución. Si se cumplen los requisitos legales, esta resolución acabará con el perdón de toda la deuda pendiente», detalla. Los requisitos para acogerse al nuevo procedimiento de Ley de la Segunda Oportunidad son: condición de insolvencia, carecer de delitos de orden socioeconómico, no haber sido exonerado en los últimos 5 años.

La resolución, dictada el pasado julio concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho), ha supuesto dejar a esta deudora libre de 32.251,30 euros y mantener su vehículo en propiedad. Desde entonces, los acreedores de la asociada no podrán reclamar ningún pago más a la ya exdeudora ni incluirla en ficheros de morosos.