El juez recibirá el informe clave sobre las ayudas al hermano de Ximo Puig a tres meses de elecciones

Así se lo ha comunicado el organismo dependiente de la Conselleria de Hacienda al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude de subvenciones y falsedad documental que se extendería a dinero público otorgado en las mismas fechas por el Ejecutivo catalán y el aragonés.

De hecho, la Generalitat de Catalunya también debe realizar una auditoría sobre las ayudas concedidas en este periodo a las mercantiles investigadas: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por el hermano del jefe del Consell; y Canal Maestrat y Kriol, por Juan Enrique Adell Bover. Ambos imputados rechazaron en sede judicial cualquier tipo de irregularidad en las cuentas bajo la lupa.

El magistrado espera también un nuevo informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial para que se compruebe la veracidad de medio centenar de facturas y contratos con proveedores, aportados por las tres primeras empresas, con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados.

Diligencias que son clave, pues deben cifrar las cantidades presuntamente

obtenidas de forma indebida para conocer si se supera el umbral penal de 120.000 euros o el asunto se zanja por la vía administrativa. En un escrito al que ha tenido acceso ABC, fechado a principios de octubre, la Intervención de la Generalitat comunica a Instrucción 4 el trabajo que se realizará y el calendario previsto para ello.

«Se verificará que el pago de las facturas ha quedado acreditado, que el gasto por su naturaleza es susceptible de subvención conforme a la normativa aplicable y que no existe duplicidad de facturas en las cuentas justificativas analizadas», señala el documento. Un grupo de funcionarios, coordinados por dos interventores hará un control de las 23 subvenciones concedidas durante cuatro ejercicios -con PSPV y Compromís en el poder- por la Dirección de Política Lingüística de la Conselleria de Educación y una por la Agencia Valenciana de Turismo. En su totalidad, suman 744.123 euros.

No obstante, para ello solicitan más documentación, pues la aportada «es incompleta». La Intervención espera tenerla en su poder para poder ejecutar las actuaciones de control entre noviembre y diciembre, aunque ya advierten de que posibles demoras o el abundante material a revisar pueden alterar los plazos previstos inicialmente.

En la causa, que parte de una querella del PP presentada en mayo de 2019 y en la que el partido ejerce la acusación, está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano (Compromís).

A principios de 2021, Comunicacions dels Ports Canal Maestrat y Kriol fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia -un órgano independiente del Gobierno valenciano- por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.