El juez amplía la investigación del caso del hermano de Ximo Puig por posible malversación

En un auto fechado el 18 de julio al que ha tenido acceso ABC, el magistrado fija el nuevo plazo, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce el PP, para seguir con las pesquisas ante «las dilaciones no imputables a este órgano judicial y la dificultad para la incorporación del material probatorio necesario para la investigación, al haber diligencias acordadas que no han podido realizarse, de las que a su vez podrían desprender otras que sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados».

Recuerda que, entre otros, la causa está pendiente de los informes periciales de las Intervenciones de la Generalitat Valenciana y la catalana, que deben cifrar las cantidades presuntamente obtenidas de forma indebida para conocer si se supera el umbral penal de 120.000 euros.

Se trata de la tercera prórroga tras las que se produjeron en julio de 2021, al agotarse el primer año de instrucción, y enero de 2022. Como informó este periódico, la portavoz del Ministerio Público justificó la ampliación del periodo de instrucción aludiendo a la necesidad de realizar las pesquisas en un tiempo «razonable», teniendo en cuenta «los cuatro periodos anuales, la abundante documentación» y las «administraciones autonómicas concernidas» en los hechos que se dilucidan.

Es posible, señaló en su escrito, que de las auditorías de ambos gobiernos autonómicos se derive la exigencia de otras pruebas para determinar si existen o no los supuestos delitos cometidos por los investigados, que además «quedaron requeridos» a aportar la justificación de las facturas «cuyo abono no había podido ser acreditado» en el informe de la Guardia Civil.

Así se estipuló durante la declaración en sede judicial de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover a finales de mayo, en la que ambos rechazaron cualquier tipo de irregularidad en las cuentas de las cuatro mercantiles bajo la lupa: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por el hermano del jefe del Consell; y Canal Maestrat y Kriol, por su socio.

Del mismo modo, Anticorrupción ha solicitado que se realice un nuevo informe, por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial, para que se compruebe la veracidad de medio centenar de facturas y contratos con proveedores, aportados por las tres primeras empresas, «con el fin de acreditar la realidad de los servicios prestados».

Por otra parte, puso el foco en que Adell Bover señaló ante el juez que había sido objeto de siete expediente de reintegro de ayudas para el fomento del valenciano en los medios de comunicación por parte de la Conselleria de Educación. No obstante, «procede esperar al resultado» de la auditoría requerida a la Intervención de la Comunidad Valenciana y Cataluña para pedir que se aporten esos expedientes a la instrucción.

Ante las «discrepancias» en torno al domicilio social de Mas Mut Produccions y «la justificación de gastos aportadas en la solicitud de subvenciones», la Fiscalía considera necesario que cinco trabajadores de la productora declaren ante el magistrado como testigos. De momento, el titular del juzgado todavía no se ha pronunciado sobre estos requerimientos.

En la causa, que parte de una querella del PP presentada en mayo de 2019, está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano (Compromís).