La juez de la dana señala que los barrancos afluentes del Poyo provocaron muertes «por ahogamiento» antes del Cecopi

«No consta vigilancia de caudal respecto de los barrancos tributarios del Poyo, cuyas aguas desembocaron en dicho barranco aguas abajo del caudalímetro situado en la A-3», señala la magistrada en un auto fechado este lunes. Atendiendo a las declaraciones de familiares de las 229 víctimas en la provincia de Valencia, «fallecimientos producidos por ahogamiento de las aguas de barrancos afluentes del Poyo, tuvieron lugar por el arrastre del agua, en Godelleta, en Turís, en Torrent, entre las 16:45 y las 17:30 horas aproximadamente».

Un lapso temporal que coincide con el inicio -a las 17h- y los primeros compases de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis.

La instructora cita también un estudio cronológico de los volúmenes de precipitaciones en las subcuencas de la rambla del Poyo, publicado por la Universidad de Alicante, en el que se detalla que «en la fase crítica de la riada» -de 16 a 19 horas- los aportes de precipitación «son mayores en la parte de cuenca aguas abajo del aforo que en la parte de cuenca aforada».

«La hipótesis más probable, según concluye dicho informe, es que la escorrentía que llegó primero a l'Horta Sud -la zona cero- fue la generada en la subcuenca del barranco de l'Horteta, con la aportación de Gallego y de la parte baja de la cuenca de Poyo», indica.

«Lo que seguro no ocurrió en la riada catastrófica de la tarde del 29 de octubre de 2024 en el abanico aluvial de la rambla en l'Horta Sud es que la responsabilidad principal fuera de las cabeceras de Poyo, que tuvieron unos aportes más tardíos y más alejados del punto apical de este abanico», agrega.

Sobre la vigilancia de estos barrancos, la juez pone el foco en que Emergencias de la Generalitat movilizó a bomberos forestales al Poyo a mediodía tras decretarse la alerta hidrológica en esta rambla. Sin embargo, y es todavía una de las incógnitas por resolver, fueron retirados de Chiva alrededor de las 14.30h. La Conselleria de Medio Ambiente ofreció para ello a sus agentes medioambientales a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), «de los que no consta que se hiciera uso».

Precisamente, tal y como se recoge en otra providencia, el director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat, Luis Gomis, se comunicó con el director de este organismo autonómico -que era entonces Emilio Argüeso, imputado en la causa- a través de un registro departamental interno -el medio oficial de comunicación telemática entre órganos y unidades de la Generalitat- a las 12.19h horas del 29 de octubre, «quedando constancia de que fue recibido por Emergencias a las 12.25 horas», es decir, seis minutos después.

La nota interna ya figuraba en la causa, pero la magistrada cuestionó al departamento sobre el modo en el que se trasladó, tras la declaración en sede judicial de una técnico de Emergencias que afirmó que la Conselleria de Medio Ambiente denegó el 28 de octubre, día anterior a la dana, agentes medioambientales para la vigilancia de barrancos y en la jornada posterior recurrieron a los bomberos forestales. A lo primero, que no queda aclarado con la documentación aportada, deberá responder Gomis durante su declaración como testigo el próximo 20 de noviembre.

En la nota incluida en el procedimiento, el director general indica que los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat y tienen encomendada, junto con otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables. Del mismo modo, explica que se ha emitido una instrucción a los jefes de servicio de Medio Ambiente para señalarles que estas funciones se realizarán a instancias y de forma coordinada con el 112.