La juez de la dana rechaza imputar a la delegada del Gobierno y critica la «pasividad» de la Generalitat

Algo que considera que queda reflejado en los listados de comunicaciones telefónicas aportados a la causa por los imputados, la exconsellera Salomé Pradas -que tenía el «mando único» de la emergencia- y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Unos «cruces de llamadas» que «no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población». «En el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos», critica.

La responsabilidad habría saltado al Gobierno central si se hubiera declarado la situación de emergencia nacional. En ese sentido, recuerda de nuevo la instructora que hubo «consenso» entre ambas administraciones para no hacerlo y agrega que «no puede extender su competencia al análisis de lo sucedido en otras zonas de España, a los fallecimientos en Letur, a las inactividades, pasividades o circunstancias con resultado mortal, que se hubieran podido producir, fuera de los fallecimientos y lesionados investigados en la causa». Sostiene, además que, pese a ser competencia suya, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tampoco declaró la situación de emergencia catastrófica.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja responde así, en un auto fechado este martes y consultado por ABC, a un escrito presentado por la asociación Liberum, que ejerce la acusación popular. Pilar Bernabé ya compareció como testigo durante más de siete horas el pasado 14 de abril. Una declaración en la que reconoció que supo del desbordamiento del barranco del Poyo a las 19.05 horas por una llamada a la alcaldesa de Paiporta y no por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Como viene haciendo en anteriores pronunciamientos, la magistrada -que investiga presuntos homicidios y lesiones por imprudencia- recalca que el objeto del procedimiento es «el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los lesionados, la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso». Excluye, por tanto, las medidas que deberían haberse tomado después.

«La voluntad de extender la responsabilidad a todas y cada una de las Administraciones, a cualquier persona que ejerciera funciones en relación con la dana, con mayor o menor relevancia decisoria o técnica, confluye con las argumentaciones de las representaciones de los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, y produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana con el resultado mortal antes expuesto, apartándose del nexo causal y la posición de garante atribuible a los investigados», asevera la juez en su respuesta a Liberum. Un escrito que contiene referencias a las declaraciones de los imputados en sede judicial.

«Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi», sostiene.

«Un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración Autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos», añade.

Del mismo modo, incide en que los miembros al Cecopi «permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala».

«Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: "Los barrancos están a punto de colapsar", escribió en un mensaje el investigado Emilio Argüeso antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas. La alarma se lanzaba a las 20:11 horas», zanja la instructora, en referencia al WhatsApp enviado desde Carlet.

La juez ha dictado dos autos más este martes. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular -Acció Cultural del País Valencià- dirigida a la obtención de las grabaciones de las cámaras de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre.

Argumenta la instructora que, de acuerdo con la ley, esas imágenes se conservan como máximo durante un mes. «Con independencia de lo anterior, no existe duda sobre la incorporación al Cecopi de quienes ostentan la condición de investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, por lo que obtener dicha información nada aportaría al procedimiento y ha de denegarse», explica.

En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada. El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la dana y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.

Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe. En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.