La delegada del Gobierno reconoce que se enteró por una alcaldesa y no por la CHJ del drama en el barranco del Poyo

Al trasladar la información a la exconsellera de la Generalitat Salomé Pradas, ésta le dijo que también «estaba pasando» en otras localidades, por lo que se extrae que ya conocía la dramática situación que se estaba viviendo.

Hasta entonces, nadie -tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)- habló ni ofreció información en ningún momento de la situación de la rambla en toda la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), constituido a las 17h, pese a que la alerta hidrológica estaba activada desde mediodía, los medios de comunicación informaban de ello y el 112 recibía miles de llamadas. Todos los ojos estuvieron puestos en la posible rotura de la presa de Forata. De este modo, respalda en parte la tesis de Pradas.

Así lo confirman a ABC fuentes jurídicas presentes durante su declaración este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, ubicado provisionalmente en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Bernabé ha comparecido durante casi siete horas en calidad de testigo, por lo que estaba obligada a responder a las preguntas de la magistrada, el fiscal y los abogados de las partes personadas en una causa abierta por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia. Una acusación particular y una de las populares, la de la asociación Liberum, han anunciado que pedirán su imputación.

Durante esta jornada también estaba citado el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, aunque su comparecencia -prevista para las 12.15h- se ha tenido que aplazar a otro día. Como testigos, están obligados a decir la verdad. El viernes pasado fue el turno de los dos únicos investigados en el procedimiento, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, a quien la Fiscalía pide desimputar de momento. Ambos apuntaron a Bernabé como una de las responsables de las decisiones que se tomaron en el Cecopi. Más allá de que la reunión de este organismo se tendría que haber convocado por la mañana, según Bernabé, no se llegaron a constituir los diferentes comités que lo componen.

El correo del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ en el que se advertía de un aumento brutal del caudal del barranco del Poyo -algo que tampoco nadie verbalizó, pese a que había técnicos de la Confederación siguiendo el Cecopi- llegó a las 18.43h, durante uno de los momentos en que aquellos que estaban conectados al encuentro telemáticamente -miembros de organismos del Ejecutivo central- no tenían conexión, en uno de los varios recesos que se hicieron. Tras el parón, se empezó a debatir el envío de un mensaje Es-Alert.

Bernabé ha asegurado que pidió en reiteradas ocasiones que la alerta -que no llegó hasta las 20.11h tras un intenso debate- se enviara a toda la provincia de Valencia. En el texto se pedía a la gente evitar desplazamientos y no que se situaran en plantas altas, lo que hubiera ayudado a salvar vidas.

De acuerdo con su relato sobre lo acontecido aquella jornada, para el que ha utilizado un listado con 240 llamadas de su teléfono, a las 12.23h -con un desaparecido en la comarca de la Ribera Alta- llamó a Salomé Pradas para ofrecerle la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la zona de Utiel y Requena ante las inundaciones que se estaban produciendo. Tras cinco minutos de conversación, Pradas le dijo que seguían en contacto.

No fue hasta las 14.53h cuando la consellera le pidió por teléfono que activara al Ejército, aunque la solicitud formal -tras una primera que resultó errónea porque pedía la desmovilización- llegó el correo a las 15.41h. La situación en Utiel ya era muy crítica a esa hora.

Según las fuentes consultadas, Pilar Bernabé ha recalcado que era la Generalitat Valenciana quien dirigía la emergencia y que su papel era coordinar a las agencias estatales con las directrices que daba el Ejecutivo autonómico. Ha defendido que la Confederación enviaba los datos de pluviometría y caudales al Centro de Emergencias y que todas las conversaciones que tuvo con su presidente, Miguel Polo, fue sobre municipios concretos y sobre Forata. Precisamente, aunque Pradas puso encima de la mesa una hipotética evacuación de los municipios, los técnicos pidieron que no se hiciera porque podría ser contraproducente.

Bernabé ha sostenido que participó en la reunión por videoconferencia desde la sede de la Delegación del Gobierno porque le pareció que era mejor seguirla desde su centro de trabajo. Antes de las 18h, la exconsellera les avisó de que iban a parar la reunión y les pidió que apagaran las cámaras y los micrófonos. Un parón que se prolongó durante más de una hora.

Hubo otro -sobre 19.40h- para escribir el contenido del mensaje durante alrededor de veinte minutos. Bernabé ha indicado que los técnicos de Emergencias de la Generalitat sí parecía que conocían la mecánica del sistema Es-Alert y no le consta que se retrasara ante la ausencia de un funcionario que tenía que validarlo, como esgrimió Argüeso. Sí que ha destacado que creía que el mensaje incluiría la advertencia de subir a plantas superiores.

Al final de la jornada, ha afirmado, recibió una llamada de WhatsApp del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde un teléfono móvil ajeno porque, según le dijo, tenía problemas con el suyo. Mazón sabía que la vicepresidenta primera y la tercera del Gobierno -María Jesús Montero y Teresa Ribera, en ese momento- habían intentando contactar con él y pidió a Bernabé que trasladara que ambas administraciones estaban coordinadas.

Pasadas las 20.30h, la Generalitat pidió la movilización de la UME a toda la provincia de Valencia. De acuerdo con su testimonio, no tuvieron confirmación numérica de víctimas mortales hasta las cinco de la madrugada. En ese sentido, ha admitido que no fueron consencientes hasta después de la magnitud de la catástrofe.

Cuestionada por las acusaciones, Bernabé ha defendido que no tiene constancia de la existencia de un informe de Seguridad Nacional sobre la dana. Como publicó ABC en noviembre, el departamento que asesora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertó a las ocho de la mañana del 29 de octubre de que se iban a producir «precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas y rachas de vientos muy fuertes, especialmente en el sur y este peninsular».

Asimismo, sobre el motivo por el que no se declaró el nivel 3 de emergencia, que habría trasladado el mando de la crisis al Ejecutivo central, ha señalado que la Generalitat no lo solicitó. Al mismo tiempo, ha subrayado que puso a disposición de la misma todos los medios posibles.

Respecto a las miles de llamadas -19.821- que recibió aquel día el 112, ha manifestado que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, sí informó al Cecopi de las mismas, pero no ha puntualizado a qué hora. La sala en la que estaban reunidos -en el mismo complejo, pero no edificio, en el que los trabajadores atendían estas comunicaciones- no era un búnker, ha aseverado. Aunque no le consta que hubiera ninguna pantalla dentro, sí ha puesto el foco en que enfrente hay una con un mapa de la Comunidad Valenciana en el que se van destacando geográficamente los avisos que se van recibiendo.

«Vengo con ganas y con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales», ha apuntado Bernabé ante los periodistas a su llegada a los juzgados. Ha vuelto a atender a los medios tras una declaración «larga e intensa».

La juez rechazó en febrero una querella de Hazte Oír en la que la asociación pedía investigar a Bernabé por no haber instado al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional. «Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal», precisó, aludiendo al papel de la Generalitat Valenciana.

El escrito señalaba que «existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional». Para alertar a la población, incidía, «no era preciso instar» esa declaración, pues «se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias» y por tanto «no era preciso trasladar dicha actuación, que se adoptaran medidas de autoprotección, a la Administración central a través del Ministerio del Interior».

«La cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil, permite conocer la gravedad de la emergencia y acordar lo procedente con la máxima celeridad, uno de los principios por los que se rige la protección civil», aseveraba la instructora. Y una de esas medidas procedentes es «la comunicación a la población de medidas de autoprotección». La Fiscalía compartió estos argumentos en un escrito dictado en marzo y refrendó la tesis de que la dirigente socialista no reúne indicios de criminalidad.