Así consta en una diligencia de ordenación de este viernes, consultada por ABC, en la que se constata que Mazón recibió el auto del 11 de septiembre ocho días después. En ese escrito, la magistrada acordó incorporar al procedimiento como documental -a instancias de la acusación popular que ejerce Podemos- la carta abierta de Maribel Vilaplana, que comió el 29 de octubre con el presidente autonómico.
Aunque rechazó llamar a la periodista a declarar como testigo porque implicaría investigar directamente a Mazón, que es aforado, la instructora pidió que se comunicara «nuevamente» al jefe del Consell -a través de esa misma resolución- la posibilidad de comparecer en el procedimiento «a los efectos de declarar como investigado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Una diligencia que «sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara» y a la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aludió cuando inadmitió las querellas y denuncias contra Carlos Mazón en diciembre.
Recordaba en ese mismo auto que ya había realizado ese ofrecimiento a Mazón el 10 de marzo, en el escrito en el que imputó a la exconsellera responsable de emergencias, Salomé Pradas, y a su 'número dos', Emilio Argüeso, únicos investigados de momento en la causa.
En declaraciones a los medios un día después, el barón del PP señaló que no contemplaba declarar de forma voluntaria y garantizó que el Gobierno valenciano mantendría «máxima» y «absoluta colaboración» con la juez, que semanas más tarde rechazó la petición que le había realizado la Generalitat para personarse en la causa.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete