La juez de la dana denuncia una campaña «machista» para apartarla del caso

Así se ha pronunciado en un auto por primera vez sobre las quejas que presentaron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las defensas la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y del exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, ambos únicos investigados en la causa de la riada.

En su escrito, la juez recuerda que la «independencia e inamovilidad» de los jueces y magistrados es «uno de los fundamentos del Estado de Derecho» y advierte de que «los jueces no se eligen por las partes». La instructora explica que en sucesivas informaciones periodísticas le han «denigrado como juez y como mujer». «Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta juez de Instrucción y hacia mi marido», ha aseverado en el auto al que ha tenido acceso ABC.

En este sentido, asegura que las quejas se han presentado de acuerdo con meras «informaciones periodísticas insultantes» hacia ella y su marido y destaca que sus resoluciones en esta causa han sido «confirmadas por la Audiencia Provincial de Valencia». Finalmente, la juez denuncia que las imágenes difundidas en «medios conservadores» de ella con su marido y su hija menor de edad fueron grabadas «subrepticiamente» por uno de los letrados personados en la causa que no pagó la cámara del sistema Webex al acabar una de las declaraciones.

Conforme informó este periódico, el Consejo General del Poder Judicial abrió diligencias informativas tras la queja interpuesta por la exconsellera Pradas contra la juez de la dana, a la que llegó a acusar de formular resoluciones con «afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente» y permitir la «posible intervención de personas ajenas» al procedimiento.

Ahora, como ocurre cada vez que el CGPJ recibe una queja sobre un juez, el promotor de la acción disciplinaria, en este caso Ricardo Conde, abre una diligencia informativa para estudiarla. En esta fase, que no se puede considerar una investigación al uso, comprueba si existe «materia disciplinaria» suficiente o si bien lo que procede es el archivo por no considerarse que haya infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional, que en este caso no correspondería abordar al Poder Judicial.

Por el momento, tan sólo se ha abierto la citada diligencia -el año pasado se tramitaron unas 600 de este tipo- pero todavía no hay conclusiones sobre las protestas contra la instrucción de la magistrada. En cualquier caso, solo si se determinara que existe tal materia disciplinaria, se abriría un expediente y «sería entonces cuando podría hablarse de investigación», matizan.

La defensa de la exconsejera imputada presentó una queja formal por presuntas «irregularidades» en la instrucción que lidera la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, tanto por contener resoluciones con «afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente» como por la posibilidad de que «personas ajenas» estén interviniendo en el proceso, en referencia al marido de la magistrada.

El escrito denunciaba que el derecho de la defensa de Pradas «estaba siendo gravemente afectado por la forma en la que se estaba conduciendo la instrucción» por parte de la instructora que lidera la causa en la que su representada permanece como investigada por un presunto delito de homicidio imprudente.

A su juicio, la causa de la dana, «una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país», debe realizarse con «pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial». Sin embargo, aludió haber detectado «irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento».

En paralelo, deslizaba la posibilidad de que haya existido una participación externa en la instrucción por parte del magistrado esposo de la instructora, del que cuestiona si «llegó a dar indicaciones», lo que no solo «vulneraría el derecho al juez predeterminado por la ley, sino que se incurriría en una falta muy grave por revelación de secretos», indicaba el escrito.