Un jefe de bomberos señala que Emergencias sabía que el Poyo iba «al límite» a las 17.30 horas del día de la dana

Así lo ha relatado el oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia aquella fatídica jornada, Manuel Alonso, durante su declaración como testigo este miércoles ante la magistrada de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que investiga la gestión de la riada. Es este cuerpo quien coordina a los bomberos forestales de la Generalitat en las labores de seguimiento de caudales.

El oficial ha revelado que a las cinco y media de la tarde -una hora antes de que la situación fuera crítica- en Emergencias ya sabían que el barranco que más fallecidos causó estaba «al límite» de agua en Ribarroja del Turia porque un particular había advertido de ello y había quedado registrado en el CoordCom, el sistema que se utiliza para coordinar la comunicación entre todos los actores implicados en una crisis. Una información que, como el resto de las miles de llamadas al 112 advirtiendo sobre desbordamientos, al parecer tampoco llegó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) -el órgano que dirigía la crisis- que se inició a las 17h, según lo declarado por otros testigos en la causa.

Tras activarse a mediodía sendas alertas hidrológicas por incrementos de caudal, Emergencias movilizó a dos brigadas -alrededor de las 13 horas- para hacer un control del nivel del agua en los cauces del río Magro, en Carlet, y del barranco del Poyo en Torrent. Esas alertas no se desactivaron en toda la jornada.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la comparecencia, el testigo ha subrayado no se les indicaron zonas concretas ni que se mantuvieran en el terreno. Según su relato ante la magistrada, la unidad desplazada al Poyo observó una lámina de agua de 80 centímetros, que cincuenta minutos después había bajado a 40. Al solicitar instrucciones, el sargento coordinador de recursos, Gregori Fayos, decidió que se retiraran a la base, sobre las 14.40h, al entender que el trabajo de vigilancia solicitado se había realizado y había concluido.

Sin embargo, tal y como se extrae de la investigación en curso, esos detalles no figuran en los registros del CoordCom. Pese a que el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en este procedimiento judicial, afirma que conoció la retirada semanas después, el testigo ha aseverado que desde Emergencias no volvieron a preguntar por nuevas lecturas del nivel en todo el día. «Incluso cuando el barranco ya estaba desbordado», no se reclamaron más mediciones.

También ha explicado que, en otras ocasiones, sí se han hecho rondas de permanencia «con una frecuencia establecida y una escala temporal», es decir, con instrucciones más detalladas de lecturas de nivel cada cierto tiempo. No fue así en este caso pese a que el Plan Especial de Inundaciones prevé que desde Emergencias se realicen rondas periódicas de seguimiento. Él, ha dicho, estaba convencido de que se estaba controlando con otros medios, como el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar o los propios municipios.

Además, ha afirmado que desconoce si el ex inspector jefe del Consorcio José Miguel Basset, que sí estaba en la reunión del Cecopi, tenía conocimiento de la retirada de los bomberos.