La Intervención de la Generalitat revela irregularidades en los contratos de Pérez Pont en el Consorcio de Museos

Su gestión económico-financiera «no se ajusta a la normativa aplicable», señala el documento. Ni se subsanan las incidencias detectadas en ejercicios anteriores, ni se siguen las recomendaciones propuestas. Entre ellas, la de adaptar sus estatutos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Un patrón que ya se dio en 2019 y 2021, según todos los informes a los que ha tenido acceso ABC.

La Intervención apunta al gerente de la entidad pública, José Luis Pérez Pont, como responsable de estas irregularidades, que sirven de argumento al nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox para destituirle de su cargo. El consejo general del Consorcio ha aprobado este martes su cese, con el voto en contra de la representante del Consell Valencià de Cultura y la oposición de parte del mundo de las artes. Varias asociaciones han convocado por la tarde una protesta a las puertas del Centre del Carme de Valencia, emblema de la gestión del responsable de un ente que aglutina a varias salas de las tres provincias.

Como también ha podido consultar este periódico, el contrato de alta dirección que Pérez Pont firmó en abril de 2016 -tras ganar un concurso público- con una vigencia de cinco años y prorrogable por el mismo periodo de tiempo -como ya ocurrió en 2021-, contiene una cláusula que permite a cualquiera de las dos partes romper la relación laboral antes de que finalice en 2026.

Más allá del cambio político que se produjo en la región tras la caída del poder de PSPV, Compromís y Unides Podem, la Conselleria de Cultura, dirigida por Vicente Barrera (Vox), esgrimirá las conclusiones de la última auditoría realizada al Consorcio de Museos como causa principal de la extinción del contrato de su actual responsable.

El análisis llevado a cabo por los interventores a las cuentas del año pasado pone el foco en el apartado de contratación. El documento señala la falta de documentación en los expedientes de las licitaciones que, por ejemplo, no incorporan las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de quienes participan en el proceso.

Se acude sin justificación a la tramitación de urgencia y a los contratos negociados sin publicidad. En este caso, entre otros, no se establece la solvencia económica o profesional del contratista. Además, «la entidad firma la mayor parte de los documentos que forman parte de los expedientes de forma manuscrita, sin indicar el cargo del firmante ni la fecha», sostiene la Intervención.

También critica que se acuda a procedimientos menores para contrataciones «de carácter recurrente» -como servicios de publicidad o productos promocionales- y sin justificar su necesidad y que estos, además, presenten «deficiencias» que impidan comprobar si se han ejecutado correctamente

En paralelo, la visita que los técnicos del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i) realizaron hace unos días al almacén en el que se encuentra la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat, bajo la responsabilidad del Consorcio, también ha pesado en la decisión.

El conjunto de obras de artistas de la región adquiridas con fondos públicos desde 2017 está disponible a la espera de que cualquier institución pida su préstamo temporal. Sin embargo no tiene asignados profesionales especializados para su conservación y restauración. El Centre del Carme, que se encarga de coordinar esa itinerancia, tampoco.

El IVCR+i elaboró en 2018 un protocolo de actuación tras participar en el montaje de una exposición con las primeras piezas de la colección. No obstante, el CCCC no volvió a requerir sus servicios ni «en las cuatro siguientes adquisiciones ni exposiciones».

Ahora, su informe -fechado el 13 de noviembre- advierte de que este lugar incumple en «numerosos aspectos» las normas de organización y conservación de los espacios dedicados a las obras de arte, pues «carece de orden y limpieza», no es «hermético» y comparte techo con catálogos de muestras del Centre del Carme o «restos de material de albañilería abierto y en uso».

Asimismo, aseguran que no existe ningún listado de las obras con su localización y las cajas tampoco cuentan con etiquetas identificativas para poder actuar en caso de evacuación. El almacén no cuenta con un box de emergencia con herramientas para atender cualquier siniestro e incumple las medidas de seguridad, con zonas de paso colapsadas, accesos bloqueados y cajas apiladas sin sujeción.

«Algunas de las piezas se encuentran mal embaladas, con coberturas rotas y sucias que permiten la entrada de suciedad e infestación de plagas», aseveran los técnicos.