Caso Imelsa: diez acusados admiten haber cobrado sin trabajar en la Diputación de Valencia

A través de su abogado, Emilio Pérez, el que también fuera alcalde de Xàtiva ha puesto en duda la veracidad de los «artefactos informáticos» que dieron pie a la investigación, los cuales fueron entregados por la actual consellera de Transparencia y exdiputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre el pendrive, ha señalado que «no consta que fuera entregado a la UCO para su análisis ni su aceptación por parte del juzgado», por lo que ve infracción del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías para su representado. «No sabemos la cadena de custodia del pendrive porque de forma legal nunca se ha movido de la pieza de denuncia», ha aseverado, para agregar que el mismo fue «manipulado» un día antes de que llegara al ministerio público.

Respecto al otro pendrive y al ordenador que Mariano López, el exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent -autodenominado como el 'yonki del dinero', también entregó al Ministerio Público con documentación y audios de algunos de los acusados, el letrado se ha pronunciado en los mismos términos y ha manifestado que fueron manipulados. «Todos los informes de la causa han sido realizados tras el examen el pendrive de Rosa Pérez, no legalizado y sin cadena de custodia. Rosa Pérez hizo una selección de grandes éxitos, lo manipuló y Mariano hizo exactamente lo mismo», ha remarcado.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce se ha opuesto a la nulidad y ha negado cualquier tipo de manipulación. «El pendrive de Rosa Pérez se entregó al juzgado de Instrucción y se admitieron los documentos. También fue objeto de análisis por parte de la UCO. No entendemos si ha habido alguna desconexión», ha comentado.

Al mismo tiempo, ha matizado que Benavent no manifestó «en ningún momento» a lo largo el procedimiento que los audios que grabó estuvieran manipulados. «En numerosas declaraciones ha dicho ante el juez que los audios los grabó él y que no estaban manipulados», ha insistido. Sin embargo, hace unos meses, con motivo el primer juicio de Imelsa, por la pieza Thematica, el acusado cambió su versión. Así, el tribunal ha descartado la nulidad y ha pedido primero practicar la prueba.

Por otro lado, Fiscalía ha avanzado que ha llegado a un acuerdo de conformidad con 10 de los 26 acusados por el que estos reconocen los hechos y se les ha rebajado las penas. Además, ha pedido la testifical de Mariano López y del presidente de la Diputación, Toni Gaspar.

El momento más surrealista de la vista lo ha protagonizado, Francisco Javier Cañizares, uno de los acusados, quien ha pedido al tribunal cambiar de abogado al señalar que su letrada «no le dejaba decir la verdad»: «Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista en mantenimiento», ha aseverado.

El acusado ha pedido el turno de palabra para pedir al tribunal que se suspenda el juicio porque quiere un cambio de abogado al indicar que no se sentía bien defendido: «Pido que me defienda un abogado de oficio», ha repetido, a lo que su abogada ha respondido que era la primera noticia que tenía al respecto.

«Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada», ha afirmado el acusado, para agregar: «Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento», ha expuesto.

Tras su solicitud, la abogada ha manifestado al tribunal su voluntad de renunciar a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación.

El tribunal, tras estudiar la petición, la ha denegado. Ha rechazado tanto suspender el juicio como que el acusado cambie de abogado al estimar que las alegaciones planteadas son «muy genéricas y vagas» y que el acusado ha tenido mucho tiempo anterior para plantear esta cuestión.

A su llegada al juzgado antes del juicio, Rus ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que estaba «muy tranquilo» y ha insistido en su inocencia: «Ya tengo ganas de hablar. Llevó siete años esperando», ha dicho. Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

La piezas B y F investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Ante estas acusaciones, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio a seis, de acuerdo con la calificación provisional de la Fiscalía.