Caso Imelsa: un empleado de mantenimiento del PSOE valenciano admite que su nómina se pagaba con dinero público

Así se ha pronunciado el acusado, uno de los supuestos 'zombies' de Imelsa, en el juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia de Valencia contra 26 personas por las piezas B y F de Imelsa. El acusado ha pedido el turno de palabra para pedir al tribunal que se suspenda el juicio porque quiere un cambio de abogado al indicar que no se sentía bien defendido: «Pido que me defienda un abogado de oficio«, ha repetido, a lo que su abogada ha respondido que era la primera noticia que tenía al respecto.

«Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada», ha afirmado el acusado, para agregar: «Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento«, ha expuesto el 'zombie', quien ha admitido que su nómina se pagaba con fondos públicos de la Diputación de Valencia.

Tras su solicitud, la abogada ha manifestado al tribunal su voluntad de renunciar a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación. El tribunal, tras estudiar la petición, la ha denegado. Ha rechazado tanto suspender el juicio como que el acusado cambie de abogado al estimar que las alegaciones planteadas son «muy genéricas y vagas» y que el acusado ha tenido mucho tiempo anterior para plantear esta cuestión. Así, tras un receso, arrancará el juicio.

En este procedimiento está acusado también, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus, quien ha afirmado a su llegada a la Ciudad de la Justicia que estaba «muy tranquilo» y ha insistido en su inocencia: «Ya tengo ganas de hablar. Llevó siete años esperando», ha dicho.

Rus, interpelado por los periodistas por si se considera inocente de los hechos que se le atribuyen y por los que se enfrenta a una pena de 12 años de prisión -tal y como le reclama el ministerio fiscal-, ha contestado: «Siempre, siempre». «Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan. Hoy tenía que declarar pero no sé cómo va. Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días», ha añadido.

Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia.

En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio -también investigado en el conocido como caso Azud- a otros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.

Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.