Hablamos Español anuncia una batería de denuncias contra la imposición del valenciano en las aulas

Estas reclamaciones por la vía judicial incidirán especialmente en el ámbito educativo para conseguir que haya cooficialidad en la documentación interna de los centros de enseñanza, así como en su rotulación, paginas web e información para las familias, según han anticipado.

El inicio de estas acciones en los tribunales llega días después de conseguir que, en el último momento, un instituto valenciano de Secundaria cediera reconociendo el derecho de un padre a recibir en español la autorización para una excursión, tal como publicó ABC. «El colegio parecía dispuesto a dejar fuera al niño, pero gracias a nuestra presión logramos que se la entregaran en español», han recordado.

«Las familias, los ciudadanos, en general, deben saber que la razón está de nuestro lado y que si nos lo proponemos lo podemos conseguir. Para ello llegaremos a las instancias que sean necesarias. La semana pasada llegaron al TSJ los dos primeros casos de alumnos que reclaman su derecho a utilizar el español, oralmente y por escrito, en clases y exámenes», han revelado, para instar a otros afectados a sumarse a esta estrategia conjunta.

Desde hace meses, familias de las comunidades autónomas con lengua regional han estado presentando escritos para exigir estos derechos y «las respuestas han sido diferentes, incluso dentro de la misma comunidad autónoma».

En el citado caso en Valencia, se dio la circunstancia peculiar de que la Administración autonómica reconoció el derecho a recibir las comunicaciones en castellano, pero envió al padre por correo electrónico una traducción mientras los documentos debía firmarlos en la otra lengua.

La asociación presidida por Gloria Lago presentará recursos de alzada con el convencimiento de que les «avala fundamentación jurídica contundente», y ahora también una resolución «muy favorable» del Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana en una respuesta a una madre de Alicante, la coordinadora de Hablamos Español en esta ciudad, Asun Núñez.

La siguiente frase «resume», a su entender, el espíritu de estas reclamaciones : «La Constitución española y la doctrina que de ella deriva amparan el derecho de cualquier residente en España a ser comunicado y a recibir documentación e información en español, viva en la comunidad en la que viva, y sin tener que hacer un esfuerzo adicional para conseguirlo».

Asimismo, la resolución de este Defensor del Pueblo autonómico puntualiza: «No hay duda sobre la manifiesta obligación de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, de adecuar, desde un punto de vista lingüístico, las vías o los medios de comunicación con los administrados, y facilitar las relaciones mutuas a través de la implantación efectiva y real de un régimen de cooficialidad de ambas lenguas, tal como establecen tanto la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley 4/1983, de Uso y Enseñanza del Valenciano, y obviamente esta obligación tiene que extenderse a las nuevas realidades tecnológicas».

En especial, pone el acento en «desterrar cualquier forma de discriminación lingüística» para las familias del alumnado.