El Gobierno de Ximo Puig refunda por ley la oficina contra la discriminación del valenciano que tumbó el Supremo

Se incluye así en el apartado destinado a la Conselleria de Educación, que creó este organismo público para atender las reclamaciones, sugerencias y consultas que se formularan ante supuestos casos de discriminación a valencianohablantes. El texto es prácticamente el mismo con el que empezó a funcionar por medio de un decreto en 2017, también bajo el paraguas del departamento que dirige Raquel Tamarit (Compromís).

Mediante esta oficina, la Generalitat asumía el papel de mediadora cuando cualquier persona denunciaba que una institución pública, empresa o ciudadano había perjudicado sus derechos lingüísticos, aunque podía actuar de oficio -también lo hará ahora- y no tenía carácter sancionador. Por ello, mantenía que esas reclamaciones no constituían actos administrativos y no debían procesarse como tal, siendo innecesario regular la oficina por ley.

Un criterio que no compartió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana –que tumbó la norma en julio de 2020– y con el que tampoco coincidió el Supremo a finales de noviembre de 2021, justo hace un año: declaró nulos doce artículos por considerar que no atendían «a la legalidad» y generaban «indefensión ante los denunciados».

El Alto Tribunal indicó que el funcionamiento de este ente público no era conforme a derecho por no adaptarse al resto de procedimientos administrativos y no ofrecer la posibilidad de que las denuncias pudieran ser recurridas o impugnadas por la parte infractora, mientras sí que informaba al denunciante del estado de su solicitud.

Es algo que ahora se corrige. En el momento en que se presente una queja, la Oficina -que no tramitará escritos anónimos- debe comunicar y enviar una copia de las actuaciones al órgano administrativo o la entidad en la que se han producido los hechos denunciados. En diez días, este tendrá que presentar «un informe en el que se indiquen las medidas que adoptará o las valoraciones que considere pertinentes relacionadas con el contenido de la queja», indica el proyecto de ley, que se aprobará previsiblemente con los votos de los grupos de la izquierda a finales de año.

Más tarde, el ente público emitirá otro informe con la resolución de las actuaciones -que remitirá a la persona afectada- y, si procede, «las buenas prácticas a adoptar para evitar situaciones como la que haya dado lugar a la queja». Tampoco se prevé un régimen sancionador, aunque se advierte de que «la falta de colaboración de las personas jurídicas, públicas y privadas, a quienes se haya comunicado una queja o sugerencia se debe hacer constar en la memoria anual».

Eso sí, se prevé un matiz importante: en caso de que los hechos se produzcan en establecimientos turísticos, la oficina derivará la queja «a los órganos que tienen las competencias en materia de consumo o turismo, según corresponda, que deberán informar a la ODL sobre las actuaciones que hagan».

En su momento, la oposición llegó a calificar esta oficina como la 'policía lingüística' del Gobierno que preside el socialista Ximo Puig. Durante 2018, el primero y último año del que se tienen datos, la Oficina de Derechos Lingüísticos recibió 87 solicitudes, de las que solo 31 fueron reclamaciones. El grueso de esas peticiones fueron sugerencias (53), además de tres consultas.