Profesores denuncian que el director de cada colegio decidirá la cuota de español o valenciano «a espaldas de las familias»

En el pasado mes de julio, este grupo de profesores ya advirtió del plan de Conselleria para «vulnerar su propia Ley de Plurilingüismo», ya que en el artículo 16.4 de la norma se estipula que la propuesta de proyecto habrá de ser consensuada por el Consejo Escolar por mayoría de dos tercios.

La instrucción se acompaña de un formulario donde el director del centro ha de proceder al cambio de las horas que se impartirán en valenciano o en inglés, según su criterio particular. Y dicho documento quedará integrado en la Programación General Anual.

«En los improbables casos de que alguien advierta el documento que se ha introducido, su aprobación se podría hacer por mayoría simple, es decir, rebajando el requisito establecido por la ley de Plurilingüismo», alertan desde la citada plataforma.

A su juicio, «la situación rozaría el absurdo» si el Consejo Escolar vota en contra de la programación que se ha estado impartiendo durante los últimos tres meses. «Pero así, con el parecer contrario del Consejo Escolar, el cambio del Proyecto Lingüístico igualmente sería impuesto por Conselleria», critican.

En consecuencia, se trata de otra vuelta de tuerca en la imposición del valenciano, a ojos de estos docentes: «La Generalitat vuelve a imponer la política de los hechos consumados, profesores y padres, miembros del Consejo Escolar servirán como simple coartada para que el gobierno valenciano haga su voluntad con la educación y el futuro de nuestros hijos».

Y añaden que con esta «maniobra» se deja en evidencia que la Ley de Plurilingüismo es un conjunto de normas que impiden la participación de los padres y de los órganos colegiados de gobierno sin que el centro ni la comunidad educativa tengan posibilidad alguna de modificar los programas lingüísticos que «quedan al exclusivo arbitrio de las autoridades nacionalistas que gobiernan».

En cuanto al antes citado formulario que deben cumplimentar los directores, deja a un lado los porcentajes y, al contrario que sucedía con la aprobación de los Proyectos Lingüísticos, los cambios no se recogen en una plataforma por parte de Conselleria, ni precisan la aprobación por parte de la Administración.

«La razón de este ocultismo es, paradójicamente, muy clara: el Gobierno valenciano, consciente de la ilegalidad que está cometiendo, no quiere emitir una resolución que supusiera el riesgo cierto de una condena penal de la autoridad responsable y los cambios en el PLC se aplican totalmente fuera de la ley», denuncian desde la plataforma.

Consideran que del mismo modo que la ley de 2018 vulneró el Estatuto de Autonomía, «de rango claramente superior», ahora son las instrucciones de curso, «una mera resolución», las que incumplen la Ley de Plurilingüismo.

La «operación» viene acompañada por un anuncio que les inquieta, por parte de la Unitat per a l'Educació Multilingüe, organismo «político» conformado por Universidad de Alicante y Escola Valenciana, que esta plataforma tilda de «principal organización sectaria del supremacismo catalán en la Comunidad Valenciana».

En concreto, se refieren a «un escrito de este organismo fiscalizador de la implantación del catalán, que se ofrece para apoyar a los directores en elevar los porcentajes de catalán en colegios e institutos».

La plataforma no descarta acudir a los tribunales de nuevo y pide a los partidos de la oposición al Gobierno de Ximo Puig que utilicen sus prerrogativas legales y soliciten a los órganos colegiados los acuerdos de modificación de los Proyectos Lingüísticos que, «por la más elemental de las lógicas», se habrían de haber tomado con anterioridad al inicio de curso.

«Entendemos que Conselleria, con su ilegal argucia no contenta con privar a los alumnos de sus derechos constitucionales y estatutarios, vulnera su propia normativa reiteradamente y procede ahora a incrementar las horas de valenciano a espaldas de las familias», alertan.

Dos son las razones que han llevado a esta nueva situación que obstaculiza la libre elección de la lengua vehicular por parte de las familias, según el análisis de estos docentes: «Es consecuencia directa de la falta de eficiencia de la Secretaría Autonómica que, una vez más, manifiesta su torpeza y falta de previsión y el carácter totalitario del nacionalismo identitario que en la actualidad rige los pasos de la Educación en la Comunidad Valenciana».