El Gobierno autorizará el martes la ampliación del Puerto de Valencia que casi duplicará su tráfico

Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su primera visita oficial al recinto portuario tras su reciente nombramiento. «No podemos seguir esperando», ha señalado, al tiempo que ha expresado su deseo de que «los inconvenientes que puedan existir podamos despejarlos, porque la razón está de nuestro lado y así lo vamos a defender». Con 1.600 millones de euros presupuestados, será la inversión público-privada «más importante que se ha hecho en un puerto español», el primero de España y el cuarto de Europa.

El visto bueno contará con el voto favorable de la mayoría de la cuota socialista del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, frente a la oposición de sus socios de Sumar, contrarios a esta actuación por su posible impacto medioambiental, pues la declaración pertinente a estos efectos data de 2007, aunque sigue siendo válida. Compromís, de hecho, ha anunciado que irá a los tribunales. Precisamente, representantes de la coalición y miembros de la Comissió Ciutat-Port han recibido a la comitiva con pancartas contra la ampliación.

«No sé lo que harán los ministros de Sumar, es algo que decidirán ellos», ha apuntado Puente, aunque espera que «cambien el enfoque y que los hechos les vayan llevando en otra dirección». «Las objeciones medioambientales que se le ponen al proyecto no están fundamentadas», ha aseverado, pues hay que verlo «de manera global» y no «pensar solo en la afección que haya podido tener en las playas de la Albufera y de El Saler, que han sido objeto de una obra de corrección en la que se han invertido 30 millones de euros». «Ver cómo están y cómo estaban antes de la intervención debe dar mucha tranquilidad a los valencianos de que es un proyecto ecológico», ha agregado, con la seguridad jurídica suficiente si termina en los juzgados.

Del mismo modo, el ministro de Transportes ha incidido en que el recinto portuario será «100% sostenible», pues «se va a autoabastecer con energías limpias». Las obras del muelle norte llevan aparejadas la mayor terminal ferroviaria de la Península, lo que permitirá «sacar camiones que colapsan la V-30» y «ayudar a aumentar los procesos de descarbonización», pues el 93% de los contenedores que entran y salen del puerto lo hacen en estos vehículos. El anuncio ha coincidido con la copa de Navidad de la Autoridad Portuaria de Valencia, a la que han asistido multitud de representantes empresariales del sector.

La APV remitió el expediente al Ejecutivo central en diciembre de 2022, un trámite obligatorio al superar la inversión pública los doce millones de euros. Ese lapso de tiempo ha provocado que la cuantía prevista haya tenido que actualizarse. Como informó ABC, su coste se elevará de los 542.694.000 a los 660.388.000 euros, alrededor de 117 millones más. Según la APV, ha transcurrido un año desde que se aprobó la primera cifra y casi dos desde que se realizó el cálculo de costes inicial, utilizando precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra de 2020 y sin tener en cuenta la inflación.

TIL, una filial del grupo MSC que explotará la terminal, prevé invertir 1.021 millones en el muelle que aumentará de 7,5 a 12,5 millones la capacidad para contenedores del recinto portuario y creará alrededor de 5.000 empleos más. Este jueves, el presidente de MSC España, Francisco Lorente, ha llamado a las administraciones a agilizar lo máximo posible el expediente para acelerar el inicio de las obras: «Si en cinco años pudiéramos tener el primer barco atracado sería un gran éxito». En su caso, el aumento de costes calcula que ahora puede situarse «entre el 20 o 25%» por el tiempo de demora.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado el anuncio como «un éxito de la sociedad portuaria valenciana» y ha destacado que «gobiernos de distinto signo político que, por el bien común, trabajan de manera clara». «Nos vamos a poner en marcha», ha sostenido, al tiempo que ha pedido otro «regalo para Reyes»: que los plazos sean «lo más cortos posibles» y que los trámites administrativos «de licitación y urbanísticos» se lleven por la «vía de urgencia» por parte de todos los actores implicados.

En la misma línea, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido que «el 50% del PIB de España entra por este puerto» y ha reivindicado ante el ministro Puente otras actuaciones importantes para la capital del Turia, como el túnel pasante y el soterramiento de las vías de Serrería.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Cortes Valenciana, Joan Baldoví, ha lamentado que la ampliación «ni es justa, ni es conveniente» y «solo responde a los intereses de una multinacional». «No hay motivos económicos. Ninguna empresa valenciana tiene dificultades para poder exportar, ni para importar», ha criticado. «Hay espacio de sobra en le puerto. No va a crear nuevos puestos de trabajo y va a producir muchas más contaminación: 4.000 camiones circulando por esa ampliación suponen una agresión a la calidad el aire», ha explicado.

Tras haberse convertido en un tema sensible durante años, el PSOE apoyó el martes una proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso en la que se instaba a impulsar esta infraestructura como «elemento estratégico» para la ciudad, aunque matizó el texto inicial suscrito por los diputados populares valencianos, añadiendo que se tratará de «una terminal medioambientalmente sostenible y neutra en términos de emisiones».