La ampliación del Puerto de Valencia llega al Congreso a la espera de la luz verde del Gobierno

En ese sentido, reclama al Consejo de Ministros que autorice «de forma urgente» la licitación de las obras del muelle de contenedores, pues hace casi un año que el proyecto está en un cajón. La delegada del Ejecutivo central en la región apuntó, a finales de noviembre, que se aprobaría «en breve». La semana pasada la Autoridad Portuaria de Valencia acordó elevar el coste público de la iniciativa -de 543 a 660 millones de euros- por la escalada de precios que se viene produciendo desde que se calculó ese importe.

Una cifra que se añadirá a los 1.021 millones que aportará el grupo MSC, encargado de construir y explotar «la terminal de contenedores más sostenible y moderna del mundo, modélica con el medioambiente, donde el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables, que permitirá el suministro eléctrico a los barcos en puerto y contará con una clara apuesta por el ferrocarril».

Así se expone en el texto suscrito por los trece diputados valencianos del PP -entre ellos, Esteban González Pons- y remitido por la portavoz de su grupo parlamentario, Cuca Gamarra, a la Mesa del Congreso. El escrito destaca que los firmantes no pueden permitir que este proyecto «se paralice por cuestiones políticas» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «con la clara intención de favorecer otros puertos, impidiendo con ello una competencia en igualdad», en referencia a la negociación con los independentistas catalanes para su investidura.

Los populares argumentan -citando a la patronal y a un catedrático- que «el puerto de Valencia debe mantener su posición de liderazgo y no debe perder posiciones estratégicas frente a otros puertos, que siguen llevando a cabo sus ampliaciones», como el de Barcelona.

«El hecho de que una comunidad claramente exportadora como la nuestra esté desviando parte de sus productos agroalimentarios a puertos de regiones vecinas, además de indicar la necesidad de la ampliación, supone soportar un coste económico y ambiental innecesario para nuestros agricultores e industriales», agregan.

Además, aseveran, «creará en el proceso constructivo 15.000 puestos de trabajo, y 5.000 empleos permanentes, con un impacto, con la terminal operando, de más de 44.000 puestos de trabajo, y permitirá ampliar la capacidad del recinto en cinco millones» de contenedores.

La declaración de impacto ambiental favorable de 2007 es el principal argumento en contra de algunos partidos hacia la puesta en marcha de esta infraestructura. Pese a que el Gobierno determinó que esa declaración seguía vigente en 2021, Compromís presentó una PNL -apoyada por ERC, Mas Madrid y la CUP- en la que pedían que se desistiera del proyecto actual y se desmantelara cualquier actuación llevada a cabo.

Sumar seguirá ahora la misma línea y votará en contra de la proposición del PP, que contará previsiblemente con el voto favorable de Vox. Es, precisamente, uno de los caballos de batalla de Compromís en la legislatura que acaba de echar a andar, aunque no se incluyó en el acuerdo de los de Yolanda Díaz con el PSOE.

El interrogante está en qué hará esta última formación ante un asunto en el que siempre ha planteado sus propias condiciones. Ya lo hizo en las Cortes Valencianas o en el Ayuntamiento de la capital del Turia ante iniciativas similares de la derecha. Los socialistas han insistido, en reiteradas ocasiones, en que están a favor de la ampliación del Puerto de Valencia. Sin embargo, se abstuvieron en la votación o presentaron su propia moción alternativa ante lo que consideraban que era una estrategia del PP para cargar y desgastar al Ejecutivo central.