La Generalitat Valenciana suma a los alcaldes al reparto de responsabilidades en la gestión de la dana

En sus diferentes pronunciamientos, la juez que centraliza la investigación sobre la tragedia con 228 muertos ha aludido a la «inexplicable ausencia de respuesta» y de «avisos a la población» por parte del Ejecutivo autonómico, que tenía el mando único, pese a la «ingente información» de la que disponía de Aemet, el 112, la Confederación Hidrográfica del Júcar o los medios de comunicación.

En un informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, la Administración autonómica defiende que las competencias en protección civil no son suyas exclusivamente y corresponden a los tres niveles del Estado. No obstante, reconoce que le compete dirigir las crisis que superen la capacidad de respuesta municipal mientras no se declare la emergencia de interés nacional, como en esta ocasión.

El documento, firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez y consultado por ABC, responde a la petición de la magistrada, que solicitó conocer detalles sobre el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Este alto funcionario certifica que se puso en marcha el 24 de octubre -cinco días antes de la barrancada- y no se ha desactivado, pues siguen habiendo municipios en fase 1 de emergencia en la provincia de Valencia.

El escrito argumenta que los consistorios deben activar los planes de actuación municipal (PAM) en fase de preemergencia. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Emergencias sólo tuvo constancia de la constitución de los Cecopal -el órgano de gestión local equivalente al Cecopi- en Algemesí y Valencia.

No obstante, como recuerdan desde el propio consistorio a este periódico, también se convocó a primera hora de aquella trágica jornada en Utiel, donde la suspensión de las clases, entre otras medidas, ayudó a que la complicada situación -que obligó a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a mediodía- no se agravara más.

Del mismo modo, pone de relieve que los alcaldes son responsables de vigilar los cauces que presenten riesgos, informar de los mismos, confinar o evacuar a la población, entre otros.

Como publicó ABC este lunes, una de las acusaciones populares en el procedimiento, la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), recalcó en un informe aportado a la causa que «de los 23 Cecopal que se tenían que haber constituido en los lugares donde hubo fallecidos, se constituyeron únicamente dos». El resto no lo hicieron, lo que a juicio del sindicato implicó que no se pusieran «todos los medios a disposición de la población». De hecho, indica que la mayoría de víctimas mortales se concentraron «en unas zonas donde era fácil de estimar que se produjeran pues tenían un riesgo de inundación alto o medio».

Por otro parte, el informe de Emergencias de la Generalitat indica, además, que «las Confederaciones Hidrográficas son las encargadas de facilitar la información sobre la posibilidad de desbordamiento en las cuencas» cuando se declara la emergencia de situación 0, también denominada Alerta Hidrológica, que consiste avisar a los municipios previsiblemente afectados por un riesgo inminente de inundación.

En ese sentido, matiza que «en la actualidad no se dispone del Protocolo de Alerta Hidrológica, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar». Es decir, el organismo estatal no tiene -según esgrime la Generalitat ante la instructora- unas instrucciones claras para saber cómo comunicar y actuar ante la activación de la situación 0.