La Generalitat Valenciana se persona como acusación en la causa del hermano de Ximo Puig

El Pleno del Consell del próximo martes autorizará a la Abogacía de la Generalitat a personarse en el proceso como perjudicado, según fuentes del Gobierno de Carlos Mazón, tras el ofrecimiento realizado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, para poder ejercer las acciones que considere y resarcir el supuesto perjuicio producido para las arcas públicas.

Algo que ocurre justo cuando el procedimiento está a punto de cerrarse tras seis años de investigación. El magistrado dictó el pasado 28 de enero auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral. El PP -cuya denuncia inició las pesquisas en 2019- solicita diez años de prisión para Francis Puig, pero la Fiscalía Anticorrupción todavía no ha formulado su petición de penas tras reclamar que se suspendieran los plazos procesales para incorporar a la causa documentación clave para formular su escrito de calificación. No obstante, la defensa de Adell Bover considera que al Ministerio Público se le ha pasado ya el plazo para ello y así lo ha hecho saber al magistrado.

En su auto, el instructor descartó el delito de fraude de subvenciones, pues no se alcanza el umbral penal de 120.000 euros vigente en el momento de los hechos para cada uno de los ejercicios analizados, que se enmarcan en la primera legislatura de Ximo Puig como jefe del Gobierno autonómico. La cantidad supuestamente percibida de forma indebida ronda los 67.500 euros, como indicó la Intervención de la Generalitat en un informe sobre las subvenciones para el fomento del valenciano en medios de comunicación.

Las mercantiles a cargo del hermano del ex líder del PSPV-PSOE, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, habrían obtenido 33.842,48 y 9.397 euros, respectivamente. Por su parte, Canal Maestrat -dirigida por su socio- habría percibido 24.264,65 euros sin justificación. En paralelo, algunas de las empresas investigadas ya fueron multadas en 2020 por pactar precios en un concurso público.

Entre los indicios encontrados, según el juez, se han encontrado «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados».

Un error procesal a principios de 2023 –no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar alegaciones antes de que el magistrado prorrogara la causa– puso fin a la investigación. Desde entonces, no se han podido ordenar nuevas diligencias, más allá de cerrar aquellas que estaban en marcha.