La Generalitat tacha de desleal al Gobierno ante el Supremo por el recorte al trasvase Tajo-Segura

En ese sentido, el escrito consultado por ABC solicita que se mantenga el primer escalón -siete metros cúbicos por segundo, uno más que hasta el año pasado, en Aranjuez- ante los «daños irreparables» y los «notables efectos socioeconómicos y medioambientales» que pueden producirse en los regadíos, el abastecimiento de la población y el valor patrimonial de las superficies regables, mientras no exista pronunciamiento judicial. El documento califica el plan como una «decisión arbitraria» tomada sin «justificación técnica», que lesiona la «lealtad institucional».

La Abogacía de la Generalitat alega ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que el texto final de la Disposición Adicional Novena del decreto no es la que se sometió a debate y se aprobó el 29 de noviembre de 2022 en el Consejo Nacional del Agua. La versión enviada al Consejo de Estado para que emitiera su dictamen y a la que el Gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde más tarde difería en un aspecto clave, por lo que exigen su nulidad.

La primera redacción condicionaba la entrada en vigor de los otros dos incrementos de caudales ecológicos marcados para 2026 y 2027 -que llegan a los 8,6 metros cúbicos- a un plan de seguimiento, que los actualizaría en función de su estado en 2025.

De esta forma, «si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales no sería necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos, manteniendo el caudal inicial (del primer escalón) desde la aprobación del plan». Sin embargo, el segundo texto convirtió esa puesta en marcha en «automática», «sin tener en consideración la evaluación de las medidas y mejoras a adoptar».

«La inseguridad jurídica y la absoluta falta de rigor procedimental es patente en esta actuación y es indicativa de que el proceso de informe y deliberación del Consejo Nacional del Agua, en el expediente sometido a consulta, se ha convertido en un mero trámite burocrático, desnaturalizando el carácter técnico, y participativo de este órgano consultivo. Por consiguiente, el procedimiento de participación no se ha realizado debidamente, y el principio de concertación no se ha cumplido», esgrime la Abogacía.

«Se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno, e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones, recogidos por nuestro ordenamiento jurídico», añade.

Además, argumenta la Generalitat en su escrito, la primera redacción daba cumplimiento a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en todas sus sentencias sobre esta materia. En ese sentido, incide en que la normativa vigente apunta a que, para fijar el caudal ecológico, deben atenderse también las «variables socioeconómicas».

La fijación de los caudales ecológicos «no puede realizarse de manera indiciaria y sin la debida justificación», sino «como resultado de estudios técnicos que han de realizarse en la cuenca correspondiente, así como del resultado de la participación pública y de un procedimiento de concertación».

«La elevación desproporcionada de estos caudales (hasta alcanzar el 8,65m³/s en 2027 en el caso del tramo de Aranjuez) podría condicionar los trasvases, violentando el marco normativo del trasvase Tajo-Segura y su reconocimiento como una obra de interés general», apunta el recurso contencioso-administrativo.

En paralelo, el Consejo de Gobierno de Murcia autorizará este jueves su propio recurso ante el Supremo en contra de los nuevos planes de la cuenca del Tajo. Para la región, inciden desde el Ejecutivo murciano, supondrá un recorte de alrededor del cincuenta por ciento del agua que se trasvasa al Segura en la actualidad.

Del mismo modo, la Junta de Andalucía dio este martes el visto bueno al recurso judicial que presentaran en el alto tribunal y que se suma a las críticas de las otras dos administraciones por la «falta de respaldo científico» del incremento de los caudales ecológicos que fijó el Ministerio de Transición Ecológica.

Por su parte, la reacción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, firme defensor de las medidas adoptadas por el Ejecutivo central, no se ha hecho esperar y ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario.