La Generalitat defiende ante la juez de la dana que advirtió a alcaldes y cuerpos de seguridad sobre las llamadas al 112

Así consta en un nuevo informe, consultado por ABC, remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. El documento, firmado por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, responde a un requerimiento de la juez, que pidió que se le trasladara la información transmitida a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del Poyo aquella jornada.

En ese sentido, se aporta toda la documentación con los detalles sobre los avisos emitidos y los listados de los casos atendidos. Los incidentes que fue gestionando el 112 -a través de las 19.821 llamadas de afectados que recibió durante todo el día y desde primera hora- se remitieron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los organismos incluidos en la plataforma de gestión de emergencias y comunicaciones de la Generalitat, sostiene el escrito.

También a aquellos que no están integrados en la misma, a través de llamadas. «Los avisos realizados por 112 CV a los municipios se realizan a través de sus policías locales y los avisos a la Diputación a través del Consorcio Provincial de Bomberos», recalca.

La incógnita que sigue sin desvelarse es si toda esa información -que detallaba un escenario trágico desde las cinco de la tarde en Chiva por el desbordamiento del barranco- estuvo a disposición del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y, en ese caso, por qué no se actuó antes, pues la alerta a los teléfonos móviles de la población llegó a las 20.11 horas por la posible rotura de la presa de Forata y no por el Poyo.

En paralelo, el informe detalla que el Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones en la Comunidad Valenciana se activó el 24 de octubre a las 11.45 horas por las previsiones que hizo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y, a partir de ese momento, se fue actualizando la situación a los pueblos. Además, el día 28 se emitió un aviso especial en el que «se informaba que como consecuencia de estos fenómenos podría producirse la activación de las cuencas de ríos y barrancos, e inundaciones locales debido a los acumulados en zonas de alta ocupación urbana».

«Dichas notificaciones se realizan por SMS a los responsables municipales y por correo electrónico/fax virtual a los municipios y agencias», indica la Generalitat, aludiendo de nuevo a la responsabilidad de los alcaldes en la gestión de la crisis.

Respecto a la rambla del Poyo, «el día 29 de octubre se recibieron en la Sala de Emergencias de la Generalitat 127 correos de notificaciones de alarmas de superación de umbrales tanto de lluvia como de caudales, como de desembalses». El primer incremento de caudal (264 m3/s) lo notifica el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) a las 12.07 horas, por lo que trece minutos después se declaró la alerta hidrológica.

Ese declaración se notifica a las localidades y agencias «mediante envío masivo por fax e email, así como por SMS a la estructura interna de la entonces Conselleria de Justicia e Interior. Los municipios receptores de los avisos de la rambla del Poyo son: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Cheste, Chiva, Godelleta, Loriguilla, Llocnou De La Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Quart De Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Torrent, Xirivella».

A la primera le siguieron tres notificaciones «por descenso del nivel»: 120 m3/s (13:41h); 55,86 m3/s (15:04h); 28,7 m3/s (16:13h). «El aviso que a la vista de las consecuencias fue decisivo, fue el recibido a las 18:43 horas, informando de un valor de caudal de: 1.686 m3/seg con tendencia ascendente, indicando que la crecida está siendo muy rápida y se continúa el seguimiento desde la sala SAIH, no constando ningún aviso por parte de la CHJ entre las 16:13 horas y las 18:43 de superación de los 150 m3/seg como hubiera correspondido en función de los protocolos vigentes y del Plan Especial. No se recibe ninguna comunicación posterior», asevera el escrito, pese a que el presidente de este organismo estatal, Miguel Polo, estaba conectado telemáticamente a la reunión del Cecopi.

«La información transmitida a las 18:43 no vino acompañada de una llamada telefónica u otro mecanismo de aviso equivalente que permitiera valorar adecuadamente su impacto, aspecto de gran importancia teniendo en cuenta las competencias de la CHJ, el conocimiento especializado del comportamiento de los cauces y caudales de la cuenca de su competencia, así como las funciones asignadas a la CHJ en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones, que contempla para la Confederación la función de Informar al CCE-GV de los incrementos relevantes de caudales que se produzcan en los ríos y barrancos de sus respectivas cuencas. La realización de avisos vía telefónica en situaciones extraordinarias es la manera de proceder establecida por ejemplo con Aemet», incide el informe.

Del mismo modo, el documento remitido a la juez también defiende que las 19.30 horas se avisó de la declaración de la situación 2 de emergencia en toda la provincia de Valencia.