Día clave en la causa penal de la dana: los imputados declaran ante la juez

Ambos, cesados del Gobierno de Carlos Mazón a finales de noviembre, están citados a las 10 y a las 12.30 horas, respectivamente, en la Ciudad de la Justicia de Valencia -donde trasladó su sede provisionalmente el juzgado por los destrozos que provocó la barrancada en la suya- para dar cuenta de su actuación ante la instructora, la Fiscalía, las acusaciones y las defensas. A las puertas del complejo, en medio de una gran expectación mediática, se van a concentrar varias asociaciones de víctimas.

En el auto de imputación, dictado el 10 de marzo, la juez convocaba a Pradas y Argüeso como «partícipes en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población». La consellera era, de hecho, la máxima autoridad ante la crisis en ese momento. Citó también a él dada su «relevancia orgánica y por ende decisoria». El mensaje ES-Alert a la población a las 20.11 horas fue «tardío y erróneo» en su contenido. También se produjo con mucha demora, a su juicio, la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, que empezó a las 17h y debería haberse convocado por la mañana.

La magistrada entiende que los anuncios sobre la «gravedad de la situación» se produjeron «en diversos ámbitos y con una antelación suficiente», a través de Aemet, las llamadas al teléfono 112, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). «El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión», aseveró.

Los investigados han ido desgranando su estrategia judicial en los recursos que plantearon contra su imputación. Ninguno de los dos ha apuntado hacia la actuación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien la juez ha descartado citar a declarar como testigo, aunque le ofreció hacerlo como investigado voluntariamente, algo que el dirigente del PP ha rechazado.

Salomé Pradas se ha alineado, de momento, con la tesis que el Gobierno Autonómico viene defendiendo desde hace casi seis meses: la corresponsabilidad del Ejecutivo central. Su defensa -que pide el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento- la dirige el abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano. Señala a las obras no realizadas para encauzar ríos y barrancos como la clave que hubiera evitado la tragedia. Además, considera «absolutamente inadmisible» que se le seleccione como «cabeza de turco» para «poder atribuirle la responsabilidad penal», que cree que no es exigible ni a los políticos y a los técnicos. Las posibles responsabilidades sobre el funcionamiento de las tres Administraciones implicadas, sostiene, deberían dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa con las indemnizaciones que correspondan.

Pradas niega que hubiera un «mando único» y esgrime que el Cecopi -el órgano que gestionaba la emergencia aquella fatídica jornada- tenía un «comité dual de dirección» que compartían ella y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como un comité de seguimiento.

Los abogados de la exconsellera entienden que «no es admisible» centrar la investigación en el retraso del aviso masivo a los teléfonos móviles, que según la juez hubiera evitado muchas muertes, pues «en los hechos intervinieron por acción u omisión innumerables organismos de las distintas Administraciones». Asimismo, destacan que no existía un protocolo para aplicar el sistema Es-Alert. Tampoco estaba implementada «en los planes de emergencia, la colaboración con el 112 y las autoridades de protección civil». En ese sentido, argumentan que «existía una selva normativa en la que aparecen incontables referencias a la necesidad de coordinación».

«La información a transmitir al CECOPI, sobre la posibilidad de desbordamiento de las cuencas, así como dar la alarma en caso de peligro inminente de rotura de presas le correspondía al director del plan de gestión del riesgo de inundación que era el director de la CHJ», añaden.

Por su parte, Emilio Argüeso, cuya solicitud para declarar telemáticamente por videoconferencia no fue aceptada por la magistrada, ha recalcado en sus escritos que el 112 -dependiente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que él dirigía- no envió ninguna comunicación al Cecopi, reunido aquella fatídica tarde en el mismo complejo de l'Eliana, sobre las 19.821 llamadas que recibió ese día. Algunas de ellas ya alertaban del desbordamiento del barranco del Poyo alrededor de las cinco de la tarde. Sin embargo, la alerta masiva a los teléfonos móviles no se envió hasta las 20.11h y ante el temor de que se rompiera la presa de Forata.

El exsecretario autonómico de Emergencias, defendido por el abogado José María Bueno, también abogado de Manos Limpias, sostiene que él «no tenía competencia orgánica o funcional alguna para decidir ni si se enviaba o no el mensaje». Tampoco «el contenido del mismo, ni la hora en que debía enviarse».

Al mismo tiempo, cuestionó en su recurso que la instructora no llame a declarar como investigada «a la responsable del 112 en aquellos fatídicos días», apuntando directamente hacia una técnico, Inmaculada Piles, «la jefa de Servicios de Coordinación de Emergencias». Como viene informando ABC, en los últimos días Argüeso ha presentado un informe certificado por un perito informático en el que se recogen sus conversaciones de WhatsApp durante los días 29 y 30 de octubre.