Los funcionarios juzgados por consultar datos de Rocío Carrasco querían «asesorar» a otras mujeres «identificadas con ella»

Ambos acusados han reconocido que accedieron con sus propias contraseñas a Viogen -el sistema con el que jueces, policías y Servicios Social siguen este tipo de casos- para consultar los datos personales -su domicilio, DNI o nivel de riesgo- de Carrasco y de su expareja Antonio David Flores, pero han defendido que lo hicieron dentro del ejercicio de sus funciones.

Explicaciones que no han satisfecho al fiscal: pide sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 5.400 euros -diez euros diarios durante 18 meses-y seis años de inhabilitación absoluta por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El portavoz del Ministerio Público ha calificado su versión como «poco creíble», al no encontrar «una explicación clara» sobre cómo podía ayudarse consultar ese expediente para ayudar a otras víctimas. «No está acreditado que se produzca dentro del ámbito de sus funciones», ha incidido. De hecho, a su juicio, el mero acceso a los datos supone un perjuicio, en este caso, para Rocío Carrasco.

No obstante, ni ella ni su exmarido han querido personarse como perjudicados, como ha apuntado la defensa de los acusados, que ejercían en la Oficina de Atención de Víctimas de Alzira. El abogado ha exigido la absolución de sus representados al entender que estaban autorizados a acceder a esa información y no se ha generado ningún perjuicio. Del mismo modo, ha añadido, no había ningún tipo de prohibición expresa ni se formó a los funcionarios en el uso del sistema y tampoco necesitaban el consentimiento expreso de la víctima, que se rubrica ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad cuando se presenta una denuncia. «Son datos que han ido paseando por todas las televisiones en horario de máxima audiencia», ha argumentado la defensa.

Una de las acusadas, que ejercía como trabajadora social interna en la oficina de la localidad valenciana, ha aseverado que su consulta «no se hizo sin ninguna intención que no fuera profesional». Ese lunes, ha relatado ante el juez, recibió la llamada de una víctima a la que ya atendían en la que comentaba que «se había sentido identificada con lo que se había denunciado en un programa de televisión, concretamente, sobre la violencia vicaria», pues «sus hijos la rechazaban por presión del progenitor».

«Entré para contextualizar la situación, para ver qué es lo que estaba pasando», ha afirmado, porque «pensaba que podía hacerlo». «Es una aplicación que se utiliza mucho en la oficina», ha agregado. «Nunca hubiera podido predecir que realizar esa consulta desencadenara estas consecuencias», ha lamentado, al tiempo que ha aclarado que era la primera vez que accedía a un expediente de una persona que no había tratado y que no había visto la docuserie, ni tenía pensado hacerlo.

Un relato similar al de su compañero en el banquillo, psicólogo y funcionario de carrera. El hombre ha defendido que desde primera hora de la jornada en la que se produjeron los hechos, la oficina recibió un volumen de llamadas «inusualmente alto» por parte de diferentes usuarias. Una de ellas hizo referencia directa a Rocío Carraco, indicando que su situación era la misma y se identificaba con ella, por lo que el acusado consideró necesario acceder a Viogen para saber si había alguna «referencia» o «algún dato importante» para orientarse, pues solo había visto «fragmentos» del programa televisivo. En concreto, quería comprobar si había algún tipo de orden de protección.

«Necesitaba saber si Rocío Carrasco era víctima y, en ese caso, si tenía asignado algún nivel de riesgo o unidad de vigilancia» para advertirles de que alguien sin relación con el caso se estaba interesando por él, ha sostenido. Una información que no trasmitió y solamente utilizó para su «orientación personal» con el objetivo de «poder realizar el mejor asesoramiento a la víctima». Este extremo ha generado dudas en el juez, que ha expresado su contrariedad al no ver relación entre la labor de psicólogo del procesado y el fin de la consulta realizada.

Asimismo, el funcionario ha agregado que no se les indicó ningún tipo de limitación a la hora de acceder al sistema ni tuvo que realizar ningún trámite ilegal para hacerlo: «Hay módulos a los que no tenemos acceso, reservados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

Una de las compañeras de trabajo de los acusados en ese momento, que ejercía como letrada en la oficina de Alzira, ha comparecido como testigo para corroborar el contexto -el alud de llamadas a raíz del programa- y la motivación de ambos para acceder al expediente de Carrasco, en el que «no había ningún documento» comprometido, solo «una ficha» con datos personales.

La testigo ha incidido en que llamaba la atención como, pese a que cada una tenía problemas diferentes, todas esas mujeres «se identificaban con ella», algo poca habitual, pues las víctimas «tienen mucha dificultad» en sentirse como tal.

No fueron los únicos que consultaron información confidencial, por lo que se tuvo que bloquear el acceso a ese expediente. Una decena de personas sin relación con el caso habían utilizado su clave para fisgonear ese expediente, tal y como pudo comprobar el Ministerio del Interior.

Desde la Conselleria de Justicia se abrió una investigación interna y se trasladó lo ocurrido a la Fiscalía, que finalmente denunció a siete funcionarios de diferentes departamentos. En ese sentido, se abrieron causas en juzgados de Alzira, Ontinyent, Moncada, Catarroja y Sueca.

El jefe de servicio que ejerció como instructor de esos expedientes disciplinarios también ha comparecido este jueves como testigo, aunque su declaración ha resultado más «pericial» a criterio del juez. En su informe, concluyó que los dos acusados habían actuado en el ejercicio de su labor de asesoramiento, «dentro de su ámbito competencial».

Este funcionario de la Generalitat ha explicado que no pudo «demostrar que el uso -de Viogen- fuera fraudulento», pues no había constancia de que se hubiera difundido o se hubiera hecho un uso espurio de esa información. Tampoco encontró «ninguna prohibición expresa» de consultar casos que no se estén tratando. «La simple consulta no es una infracción», ha matizado, «si no se demuestra que ha sido con mala fe» y, a su juicio, «la voluntad hay que demostrarla».