Del frenazo a la inmersión lingüística a la elección entre castellano o valenciano: un año de la Ley de Libertad Educativa

Doce meses después, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, señala que la ley ha otorgado «libertad» a las familias para elegir la lengua principal en la educación de sus hijos, además de permitir que los menores puedan cursar las primeras enseñanzas en su lengua habitual o base, tal y como recogía la Llei d'Ús. «Esto va a permitir un modelo lingüístico plural en los centros educativos, con una convivencia de castellano y valenciano que es el reflejo de la sociedad valenciana», defiende.

La Conselleria de Educación ha ido desarrollando y aplicando la ley durante el curso que terminó la pasada y confía que termine de extenderse en el próximo ejercicio escolar, donde ya se implantará en los centros la elección de la lengua base por parte de las familias. «Estamos ante un modelo equilibrado que establece la proporción vehicular en valenciano, castellano e inglés», ha indicado.

Rovira recuerda que una de las primeras medidas de la Ley de Libertad Educativa fue dejar sin efecto «los programas de inmersión lingüística autorizados por el anterior Gobierno del Botànic en 221 centros en los que hasta la finalización del curso 2023-2024 se posponía la presencia del castellano como lengua vehicular hasta la Educación Primaria».

«En cumplimiento de la Ley de Libertad Educativa, a partir del inicio del curso escolar 2024-2025 todos estos programas se adecuaron de forma que quedase garantizada la impartición de un mínimo del 25% del tiempo lectivo en cada una de las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Valenciana», ha explicado.

No obstante, es evidente que existe y se percibe cierta polarización a causa de la norma. Mientras su defensores defienden avances en libertad de elección, diversidad educativa y certificación lingüística, los críticos advierten del debilitamiento del valenciano, la segregación escolar e incluso una vulneración de competencias estatales.

Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic y otros sindicatos han criticado durante todo este tiempo que la ley dificulta el uso vehicular del valenciano en zonas castellanohablantes y que además fomenta su exención rompiendo el trabajo pedagógico al generar grupos con diferentes lenguas. De hecho, un informe de la Universitat de Valencia la calificó de «innecesaria, discriminatoria y recesiva».

Por contra, otras asociaciones educativas afirmaron que la iniciativa promulgada desde el Gobierno del PP, entonces en coalición con Vox antes de salir del Consell, restablece la libertad de elección de centro -distrito único-, permite a las familias escoger la lengua base y facilita que los estudiantes obtengan certificación de nivel de valenciano tras aprobar la materia.

Rovira argumenta que la medida de la Ley de Libertad Educativa que ha alcanzado a un mayor número de ciudadanos de la Comunidad Valenciana ha sido el derecho de elección de lengua base. «La norma prevé que los alumnos que se escolaricen por primera vez elijan lengua base en el procedimiento de admisión, mientras que para los alumnos ya escolarizados la ley establece que debía realizarse una consulta». Esta consulta se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de este año, contando con la participación de casi 340.000 familias.

«Como resultado, la planificación educativa del curso académico 2025-2026 se ha realizado por primera vez a partir de la voluntad expresada por las familias, siendo un fiel reflejo de la situación sociolingüística en cada municipio, y no de oficio por parte de la administración como sucedía hasta el curso anterior, en el que las familias tenían que solicitar puesto escolar ciñéndose a dicha oferta predeterminada. De hecho, incluso en los municipios de la zona castellanoparlante, ha supuesto la habilitación de 40 unidades con lengua base en valenciano», ha explicado.

El conseller de Educación ha destacado que otra de las novedades introducidas por la ley este curso ha sido el derecho del alumnado a realizar los exámenes y pruebas de evaluación de las áreas y materias no lingüísticas «en la lengua oficial de su elección». Asimismo, también reconoce, en el ámbito no curricular, el derecho del alumnado y de sus representantes legales a dirigirse al centro docente y a comunicarse con él en la lengua cooficial en que deseen hacerlo, así como la obligación de los centros educativos de disponer de determinada documentación de acceso por la comunidad educativa en formato bilingüe, valenciano y castellano.

Por otro lado, una de las medidas con mayor impacto ha sido el reconocimiento y certificación de los conocimientos de valenciano del alumnado por estudios reglados previos. «Con estos certificados se reconoce el esfuerzo y el estudio del valenciano, y especialmente se considera un incentivo para que el alumnado residente en municipios de predominio lingüístico castellano no solicite la exención de la evaluación y calificación del valenciano», ha manifestado.

Además, esta regulación legal equipara al alumnado valenciano con el de otras comunidades autónomas con lenguas oficiales que ya tenían previamente establecidos estos reconocimientos. La solicitud y expedición de los certificados comenzó el 1 de octubre de 2024, mediante un procedimiento telemático sencillo. Transcurrido el primer año de la Ley, el balance es de 85.000 certificados expedidos.

Al respecto, la ley prevé que la tramitación de los certificados pueda efectuarse desde los centros educativos. Por este motivo, el alumnado que ha finalizado sus estudios este curso 24/25 no deberá hacer ningún trámite, ya que la expedición se hará de oficio y será la dirección de los centros educativos quienes, a través del sistema ITACA, generarán el certificado mediante un proceso automatizado. «De esta manera -con todo ello- se conjugará el derecho de elección de las familias con la consecución del objetivo de que todo el alumnado tenga plena competencia en las dos lenguas cooficiales al finalizar su escolaridad», ha concluido Rovira.