La Fiscalía no aprecia responsabilidad penal en la falta de limpieza e inversión en el barranco del Poyo

El ministerio público, en un documento firmado por el fiscal Cristóbal Melgarejo el pasado 11 de marzo, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que no se puede establecer una relación directa entre la falta de mantenimiento de la rambla del Poyo, ni la escasez de inversiones en la misma, con los daños sufridos, puesto que la causa principal del desastre fue el desbordamiento de los caudales fluviales. Por ello, apoya a la magistrada en investigar únicamente los delitos de homicidios y lesiones y prudentes, y no los otros tres que demandaban colectivos personados en la causa.

La Fiscalía apunta que si bien las circunstancias alegadas pudieron «potenciar los efectos devastadores» de la riada, no permiten aseverar que tales desperfectos fueran motivados exclusivamente por tales hechos, sino que «tuvieron su génesis en el desbordamiento de los caudales fluviales que configuran la rambla del Poyo».

De esta manera, ante la denuncia por falta de mantenimiento y ausencia de obras preventivas, el ministerio público considera que, «aunque pudo agravar el desastre», no puede concluir que los daños fueran causados por la presunta omisión administrativa. De hecho, califica de imposible poder diferenciar qué daños provinieron directamente de la crecida del agua y cuáles fueron consecuencia de sedimentos y escombros arrastrados.

Respecto a la denuncia por omisión del deber de socorro de las personas atrapadas en garajes, viviendas y vías públicas el pasado 29 de octubre, el fiscal de la dana apunta que la querella no señala ningún caso especifico de persona alguna que no fuera auxiliada deliberadamente por una autoridad, sin dejar de recordar que este delito no depende del cargo o la responsabilidad administrativa, sino de la obligación moral de actuar ante un peligro inminente, extremo que no ha quedado demostrado.

Por último, en cuanto al presunto delito de prevaricación por omisión, mediante el que acusaban a la Generalitat de no haber tomado las decisiones clave para reducir los daños de las inundaciones, la Fiscalía entiende que la actuación puede ser «criticable» desde el punto de vista administrativo o político, pero no por ello implica una infracción penal. De hecho, recalca que no existe no existe una «modalidad culposa» en el ámbito judicial de la prevaricación administrativa.

En paralelo, Podemos, acción popular en la causa de la dana, ha anunciado que va a impugnar los recursos de apelación de la que era consellera de Justicia e Interior el 29 de octubre, Salomé Pradas, y de su número 2, Emilio Argüeso, contra los autos del 10 de marzo en los que la jueza acordaba citarles como investigados por su gestión de las riadas.

La formación morada discute los argumentos esgrimidos por Pradas y Argüeso sobre su falta de competencia y responsabilidad en las decisiones relativas al envío de la alerta a la población por el sistema ES-Alert. Para la misma, resulta «evidente» que Pradas tenía «conocimiento directo» sobre las circunstancias en que se adoptó la decisión de remitir esa aviso a la población, por lo que considera que ambos no pueden declarar como testigos sino que deben hacerlo como investigados, una condición que pide que se confirme porque son «dos de las personas clave» en la gestión de la dana.

Según la Coordinadora General de Podem y portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, «todo el mundo sabe que son responsables de esas decisiones y es un insulto que digan que no tenían nada que ver. Los valencianos no aguantan más huidas hacia adelante ni mentiras y vamos a hacer todo lo posible para que los responsables se sienten en el banquillo, como lo haremos con (Carlos) Mazón llegado el momento».