Un error del Juzgado compromete el final de la investigación al hermano de Ximo Puig

La Fiscalía solicitó extender hasta julio esas pesquisas, a la espera de sendas auditorías de la Generalitat Valenciana y de la catalana, que deben dilucidar si las cantidades supuestamente defraudadas están por encima del umbral penal de 120.000 euros o se zanjan con una sanción administrativa, en caso de corroborarse las irregularidades. Eso alargaría el caso hasta después de las elecciones autonómicas y municipales.

Sin embargo, por equivocación y como consta en un escrito al que ha tenido acceso ABC, no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar sus alegaciones antes de que el magistrado dictara el auto de la prórroga durante seis meses más a finales de enero. La primera notificación nunca llegó a las defensas de los tres imputados, pues también se investiga al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzado (Compromís). Ahora, el juez ha revisado las actuaciones y ha estimado su recurso. Asimismo, les ha remitido la petición inicial de Anticorrupción para que puedan alegar.

No obstante, este descuido podría tener repercusiones mayores y comprometer a corto plazo el futuro de una causa en la que el PP ejerce como acusación tras haber llevado sus sospechas a los tribunales en mayo de 2019.

Si, como probablemente ocurrirá, el instructor decreta una nueva prórroga, las defensas pueden recurrirla a la Audiencia de Valencia, con el argumento de que el plazo legal establecido para extender medio año más la investigación ha expirado durante el tiempo trascurrido.

En caso de que el tribunal falle a favor de los imputados, supondría el fin a la investigación y, por tanto, no se podrían ordenar nuevas diligencias más allá de cerrar aquellas que están en marcha, como las citadas auditorías. El titular de Instrucción número 4 se vería obligado a decidir entonces, con la documentación existente y los datos recabados por la Guardia Civil, si archiva el caso o abre juicio oral.

En ese sentido, la Generalitat Valenciana estimó que tendría listo este mismo mes de febrero su informe sobre las ayudas otorgadas entre 2015 y 2018 a las mercantiles investigadas: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por el hermano del jefe del Ejecutivo autonómico; y Canal Maestrat y Kriol, por su socio de la familia Adell Bover.

En concreto, se ha realizado un control de las 23 subvenciones -por valor de 744.123 euros- concedidas durante cuatro ejercicios, con PSPV y Compromís en el poder, por la Conselleria de Educación y una por la Agencia Valenciana de Turismo.

Respecto a las diligencias solicitadas a la Administración catalana poco se sabe. Según uno de los escritos de la defensa de Francis Puig, esta Intervención no consideraría necesario presentar el informe encargado por el juez.