El hermano de Ximo Puig justificó subvenciones con un alquiler a su padre y reparaciones del coche de otro hermano

El hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, prestó declaración este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude de subvenciones y falsedad documental por las ayudas que estas mercantiles recibieron de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018.

En el caso, que parte de una querella del PP -personado como acusación popular-, también están imputados el director de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, y el socio de Puig y administrador de Canal Maestrat, Juan Enrique Adell Bovell. Están en el punto de mira ayudas al fomento de las lenguas propias en los medios, al empleo joven o al desarrollo local. Según la Guardia Civil, estas mercantiles recibieron más de 1,2 millones de dinero público en esos cuatro años.

La causa está pendiente de que la Intervención de la Generalitat Valenciana y la catalana remitan al juzgado sendas auditorías en las que cifren la cuantía exacta que se habría defraudado. Eso permitirá conocer si el proceso se sigue por la vía penal -solo si se supera el umbral de 120.000 euros fijado para este tipo de fraude, algo que las defensas descartan- o por la administrativa, con una sanción en caso de corroborarse las irregularidades.

Durante la comparecencia de cuatro horas, a la que ha tenido acceso ABC , la fiscal interrogó a Puig sobre las presuntas irregularidades que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial revela en un informe de 400 páginas aportado a la causa. Uno de los aspectos más llamativos es el capítulo relativo a lo que la Guardia Civil denomina «gastos no subvencionables» .

Puig admitió haber justificado ayudas públicas con recibos del alquiler a un almacén agrícola -una nave, según él- propiedad de su padre, a razón de 225 euros mensuales, para almacenar materiales de radio y televisión, archivos de revistas o equipos informáticos.

Del mismo modo, preguntado por el pago de la reparación del coche de su hermano Jorge Puig a cuenta de la mercantil, el administrador de Comunicacions dels Ports alegó que, como no se pagaban dietas a los trabajadores de Mas Mut por el uso del vehículo personal , se había acordado sufragar el combustible y las visitas al taller mecánico -dos en este caso- como compensación. No obstante, se incluyó en una de las convocatorias el impuesto de circulación de un todoterreno, propiedad de la productora, que utilizaban sus empleados «para ir por sitios más complicados».

En ese apartado, también se utilizaron recibos con la denominación «Morella vacaciones» -el nombre de la agencia de viajes de la mujer de Francis Puig- para incluir en la justificación de las ayudas el alojamiento en distintos hoteles y billetes de tren Barcelona-Vinaròs. Gastos de «desplazamiento para gestiones» con clientes de Cataluña, según aseguró el imputado ante el magistrado,

Respecto a otras partidas puestas en duda por la Benemérita, como los servicios de gestoría o las alarmas de seguridad, Puig descargó la responsabilidad sobre los técnicos -en este caso- de la Conselleria de Educación, que «dudaban de qué gastos se podían incluir o no y consultaban a Intervención». «Nunca nos dijeron si esos gastos podían entrar o no». « Nuestro criterio es que entrarían porque son nóminas» y «forman parte de nuestra generación de contenidos». «Para nosotros es un gasto», se defiende.

En ese sentido, en cuanto a la utilización de las mismas facturas para justificar ayudas en la Comunidad Valenciana y Cataluña, el hermano del presidente autonómico indicó que ambas subvenciones eran compatibles siempre que no se superase el gasto realizado, pues la Generalitat catalana solo indicaba en sus bases, como condición indispensable, que no podía volver a subvencionarse gastos para los que la misma administración ya había otorgado dinero en otras convocatorias.

«Valencia no informa» -en referencia al Gobierno de Ximo Puig- de los gastos que imputa y cuales descarta, es decir, la Administración decide cuales «son válidos» y no comunica los que descarta, apuntó el empresario. «Incluso después de pasar los controles, nunca nos han cuestionado», «ni nos han abierto ningún proceso de reintegro», aseveró.

En un momento del interrogatorio, la fiscal se mostró extrañada por la cantidad de facturas incluidas bajo el concepto genérico «Trabajos audiovisuales» . «¿Por qué no se concreta lo que hacen?», pregunta la portavoz del Ministerio Público. «Porqué era la forma de facturar, no hay más explicación», responde Puig. Lo mismo ocurre con un gran número de partidas que constan como «no abonadas» pero que, según el investigado, puede demostrarse que corresponden a compensaciones a través intercambios de contenidos o material entre productoras del mismo ámbito geográfico. De hecho, expresó su compromiso de aportar toda la documentación necesaria para zanjar cualquier duda.