Docentes y familias de Alicante tumban el mito de que la UE avala la inmersión lingüística: «La carta europea es de derechos, no de obligaciones»

«Extraña mucho la recurrente mención que el STEPV y otras organizaciones supremacistas hacen a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias cuando en dicho documento y en los textos sectoriales procedentes del mismo, lo que se pide es la promoción de las lenguas regionales pero nunca a través de la imposición de lenguas regionales a los ciudadanos y menos a los niños», puntualizan desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística.

A raíz de las declaraciones del sindicato STEPV, en las que advertían al conseller de Educación, Cultura y Deporte, José Antonio Rovira, de que «el valenciano tendría que ser la lengua vehicular mayoritaria en los centros educativos», y uno de sus argumentos era justamente ese supuesto respaldo de la normativa europea, desde esta asociación de profesores desmienten que ese sea el espíritu plasmado por las autoridades comunitarias. «Parece que o no han leído estos documentos o confían en que nadie lo haga», subrayan.

Sin conocer este análisis, llegan a la misma conclusión en otra asociación que aglutina a familias y docentes, Idiomas y Educación, quienes aclaran que «se trata de un documento 'de derechos', que los grupos nacionalistas lo han convertido en documento 'de obligaciones', desde el reincidente carácter manipulador de esos colectivos».

Además de corroborar que la carta europea fomenta la enseñanza, pero como riqueza cultural añadida, no para su imposición ni para sustituir a otro idioma, esta asociación recuerda otro aspecto con el que no puede entrar en contradicción la directriz comunitaria. «Estudiar en lengua materna es un derecho internacional que promueven la Unesco y todos los expertos educativos. Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos exige libertad de enseñanza. Son principios básicos de la convivencia», señalan. 

El posicionamiento hecho público por el sindicato STEPV para reclamar a la Generalitat más horas de valenciano en las aulas suscita rechazo en ambas asociaciones, que forman parte junto a una veintena de entidades de la plataforma nacional Escuela de Todos. «De su escrito se desprende que, en las próximas semanas, otras organizaciones sufragadas por el independentismo; así como asociaciones educativas fantasmas, como la de Picornell; esgrimirán nuevas amenazas al nuevo conseller si osa cumplir la ley», alertan desde la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística.

«Más preocupante que este totalitarismo liberticida del comunicado de la organización, es el odio que rezuma contra los niños residentes en los territorios de predominio lingüístico castellano y, en general, a todos los de familias castellanohablantes, a los que proponen 'castigar' aplicando una inmersión lingüística brutal», añaden.

A su juicio, «está claro que, de lograr este objetivo, convertirían al 80% de los niños en ciudadanos de segunda al privarles del derecho a la educación en su lengua materna, al que sí tendrían acceso el resto. Cualquier sindicato de profesores rechazaría semejante aberración pero está claro que la dirección del STEPV va por otro rumbo», lamentan.

En Idiomas y Educación, opinan en la misma línea que «priorizar una lengua sobre otra genera desigualdades. Obligar a impartir asignaturas no lingüísticas en valenciano (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, historia…) supone que los alumnos ni aprenden el idioma ni las materias en cuestión».

En consecuencia, exigen la libertad de elección de lengua vehicular: «En concreto, de líneas puras, para cumplimiento de la Constitución y para satisfacer a la comunidad educativa, para crear una sociedad libre y en convivencia, como siempre ha habido con el pueblo valenciano y que acabe con la tiranía que inició el nacionalista y separatista Vicent Marzà».

Como conclusión, abogan porque «los profesores deben estar al servicio de los ciudadanos, en especial de sus alumnos, y no de sus intereses nacionalistas», y subrayan su denuncia: «Basta de amenazas de imposición lingüística y de chantaje para la creación de países catalanes».

Para la plataforma de docentes «ahora, después de ocho largos años de vacaciones en los que en el STEPV han estado mirando hacia otro lado para no ver el caos en que la administración de Compromís había sumido a la educación valenciana, parecen despertar de su letargo para retomar el discurso identitario pancatalanista demostrando que su único objetivo reconocible es negar a las familias el derecho a la elección de lengua e imponer el catalán a todos los niños de la Comunidad».

Con matices, esperan que el cambio de gobierno autonómico pueda operar a favor de estas reivindicaciones. «Aunque no podemos decir que nos sintamos totalmente felices con los primeros pasos y declaraciones de Rovira, confiamos que pueda realizar un buen papel», han valorado, de entrada.

«Esperamos que, después de ocho años en los que la Conselleria de Educación se ha convertido en una máquina de vulnerar la ley, se suspendan los atropellos a los derechos de los alumnos. Rovira ha manifestado su voluntad de respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Sólo con cumplir con este mínimo, bastaría para mejorar la acción de la administración anterior», han destacado.

También a la expectativa se muestran en Idiomas y Educación: «Rovira, que ha mostrado en sus intervenciones una gran determinación y entereza en solucionar el mayor problema de la Educación valenciana, debe defender los intereses de los estudiantes y sus familias, no cediendo a las exigencias nacionalistas de inmersión lingüística».

En especial, ponen el foco en que «la Ley de Plurilingüismo sólo ha servido para crear división y enfrentamiento, orientada a un modelo monolingüe que destroza la equidad y la calidad de Educación. La ley debe revisarse, pero sólo para ser derogada, al tratarse de un atentado contra la libertad, al tiempo que condena a muchos alumnos al fracaso escolar».