La Diputación de Alicante y la Generalitat renuevan el plan de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas por 15,5 millones de euros

El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años y en el que también participa la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), contempla un presupuesto de 15,5 millones de euros con el que se prevé ejecutar un total de 27 actuaciones por distintos municipios de la provincia. La Generalitat aportará entre las anualidades 2025 y 2028 un total de 14,2 millones de euros, mientras que la aportación provincial será de 1,3 millones.

El acuerdo establece que se beneficiarán del mismo los sistemas de saneamiento y depuración de hasta 10.000 habitantes, aunque en caso de urgencia o necesidad, si así lo acuerdan las partes, se podrán actuar en otros de mayor población. Los proyectos aprobados inicialmente incluyen la reforma integral de estaciones depuradoras como la de Sanet y Negral, Vall de Laguar, Gorga, Orba, Tibi o Gata de Gorgos, la mejora de otras como la de Benijófar, Murla, Beniglembla, Planes, Finestrat o La Romanaentre otras, o la ejecución de nuevas estaciones depuradoras como las del barrio La estación y Las Virtudes de Villena.

A la Diputación de Alicante le corresponderá la redacción de los proyectos y la dirección facultativa, entre otras actuaciones, así como la financiación del 10% de las obras en instalaciones de titularidad local. Una comisión de seguimiento evaluará la programación existente.

En materia de agua, el Pleno también ha aprobado la moción presentada por el grupo popular para reivindicar el mantenimiento de las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

El texto, que ha contado con el apoyo de Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís, advierte de que estos cambios propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica reducirán los caudales trasvasables hasta un 40% de cara a 2027 y demuestran, según ha apuntado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, «la hostilidad del Gobierno de España hacia la provincia de Alicante, poniendo en peligro nuestra agricultura, el crecimiento económico de la zona y el empleo de muchas familias», ya que se estima que las nuevas reglas y el aumento de los caudales ecológicos provocarán pérdidas de 61 millones de euros y la destrucción de 1.700 puestos de trabajo sólo en la provincia de Alicante.

Serna ha denunciado, asimismo, que el aumento del caudal ecológico «no responde a ningún criterio técnico, ya que sólo persigue premiar fidelidades, que es lo que busca Pedro Sánchez de cara a García Page, aunque a veces este sea un verso suelto».

Desde las filas socialista se ha defendido, sin embargo, la política hídrica del Gobierno central alegando que «con Sánchez ha habido más agua para la provincia de Alicante que con el Gobierno anterior de Mariano Rajoy», según su diputado Joaquín Hernández, quien ha acusado al PP de «volver a abrir la guerra del agua». Compromís ha acusado a los populares de «hipocresía» en materia hídrica al defender en España posiciones distintas a las defendidas por su partido en el Parlamento Europeo, mientras que Vox ha criticado los efectos de la Agenda 2030 sobre la agricultura y ha reclamado la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional.

Durante la sesión plenaria de junio, la corporación provincial también ha dado el visto bueno a los contrato-programa de la Diputación de Alicante con distintas mancomunidades – las de la Marina Baixa, del Alto Vinalopó, de La Bonaigua, de La Vega y la de Pego, l'Atzúbia y les Valls- y el Ayuntamiento de Bigastro para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales. La institución provincial aportará más de 3,3 millones de euros a estos contrato-programa para financiar servicios como Menjar a casa, ayuda a domicilio, ayudas económicas individuales o el pago a trabajadores sociales, psicólogos y otro personal administrativo.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado también con el voto a favor de los grupos PP y Vox y el voto en contra de PSOE y Compromís el cierre de la comisión de investigación sobre las irregularidades en el examen de oposición para auxiliares administrativos. La propuesta de cierre defiende que 'ha quedado objetivamente probado que se trató, sin más, de un error humano de la Comisión Técnica de Valoración en la configuración del test de la prueba selectiva, habiéndose adoptado medidas para que no volviera a ocurrir'.

En este sentido, la vicepresidenta Marina Sáez ha defendido que durante la comisión se aportó toda la documentación requerida y se dieron las explicaciones pertinentes. Por el contrario, PSOE y Compromís han cuestionado el funcionamiento de la misma y han vuelto a poner en duda que no hubiera una intencionalidad en las irregularidades detectadas.

En el apartado de mociones, ya fuera del orden del día, se han abordado distintas propuestas de los grupos políticos, entre ellas una defendida por el grupo Socialista para la creación de ayudas destinadas a municipios de mil habitantes para la apertura de piscinas municipales y para la atención del incremento estacional de población en municipios en riesgo de despoblación.

La propuesta ha sido rechazada por el equipo de gobierno alegando que ya se está trabajando en la puesta en marcha de una primera fase del Plan +Cerca con 6,1 millones de euros derivados del Plan Económico Financiero de la Diputación, también aprobado hoy en pleno, y ajustada en todo momento a la tramitación que marca la normativa.

En este punto, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha vuelto a lamentar que el Gobierno central «no permita a los ayuntamientos hacer uso de sus ahorros para prestar servicios a sus vecinos», por lo que ha reclamado que se levanten las reglas fiscales y se aprueben los Presupuestos Generales del Estado «para que a esta Diputación le lleguen los 50 millones de euros que le corresponderían por la participación en los tributos del Estado».

Por otra parte, desde Compromís se ha elevado una moción para el reconocimiento y protección de los derechos de las personas trans de la Comunitat Valenciana, que ha contado con el respaldo del grupo socialista y el rechazo de los grupos popular y Vox. La formación valencianista rechaza en su texto la modificación de la ley 8/2017 de la Generalitat que reconoce el derecho a la identidad y a la libertad de expresión de género y exige al Consell que se 'recupere la prohibición de la práctica de todas las terapias de conversión', entre otras cuestiones. «Es un retroceso en derechos que hace mucho que no se ve», ha apuntado Ximo Perles, que ha contado con el apoyo del grupo socialista.

Vox ha defendido, sin embargo, el cambio normativo, mientras que el PP ha puesto en valor el papel de los padres en la educación y en la vida de sus hijos. «Con esta ley se pretende adaptarla y equiparar la ley valenciana a la nueva Ley Trans de 2023, en la que se dice que se acompañará la infancia trans con un servicio de acompañamiento», ha explicado la diputada de Bienestar Social e Igualdad, Loreto Serrano.

Otra de las mociones ha sido la defendida también por el PSOE para impulsar la creación de una Feria de Turismo Provincial «como oportunidad para transformar el turismo de esta provincia, con un estudio previo de la realidad turística, permitiendo conectar al sector y a los municipios, fomentado la innovación y el crecimiento. Esta feria nos puede dar visibilidad y nos posiciona», ha defendido el diputado socialista Francisco Rubio. La propuesta ha sido rechazada con el voto en contra del equipo de gobierno y la abstención de PSOE y Compromís.

Desde el equipo de gobierno, el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha defendido la labor realizada por el Patronato de Turismo en Fitur y las acciones de promoción para dar a conocer la oferta turística de los municipios y ha rechazado la creación de una feria generalista de turismo provincial «por ineficaz e ineficiente, al ofrecerse a turistas que ya están en nuestro destino». En este sentido, ha abogado por «ir, como ya hace el Patronato, a los lugares de origen de los turistas para difundir allí la Costa Blanca como estrategia para captar más visitantes». Además, ha sostenido que Alicante Gastronómica, que impulsa la propia Diputación «ya está consolidada como una oferta turística provincial».

Vox, por su parte, ha defendido un texto, que ha sido rechazada por el resto de formaciones políticas, para defender la convivencia, la limpieza y la seguridad en los municipios de la provincia. Para ello, reclama que se prohíban las distribuciones de alimentos en la vía pública, que se refuercen los efectivos de la Policía Local o revisar las subvenciones a ONG que 'promuevan la inmigración ilegal, la ocupación o los asentamientos ilegales'.

Finalmente, todos los grupos políticos, salvo Vox, han defendido una moción conjunta con motivo del año internacional de las cooperativas mostrando su apoyo a estas entidades «por ser pilar del desarrollo económico y social en la provincia de Alicante». Vox ha justificado su rechazo alegando que la misma se sostiene en «motivos ideológicos».