«Estamos destrozadas, los 400.000 euros que se niega a pagarnos la ONCE nos hubieran cambiado la vida»

Esta joven valenciana, camarera de profesión, recibió un año más el mismo regalo de su progenitora en forma de cupón para el sorteo de la ONCE del 1 de enero, cuyo obsequio entrega religiosamente a cada uno de sus hijos. Susana lo compró en el reluciente y recién estrenado quiosco ambulante ubicado en la Avenida del Oeste, a pocos metros del icónico Mercado Central de la capital del Turia. A diferencia de ediciones pretéritas y retando a la ínfima probabilidad de que su boleto fuera el agraciado, tocó. Y vaya si tocó: 400.000 euros, más de 66 millones de las antiguas pesetas, que iban a dar un giro de 180 grados a su vida.

Pero no fue así. El paraíso se convirtió en el infierno y la alegría en pena por un reglamento interno inquebrantable que ha suspendido el pago del premio. El principal argumento que esgrime la ONCE, según desveló ABC, para no abonar la recompensa económica es que el marido de la agraciada, quien fue a cobrar el dinero, aparece inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), un sistema de autoexclusión para ludópatas, dependiente del Ministerio de Consumo, mediante el cual se limita su derecho a participar libremente en cualquier actividad de azar presencial y online. No obstante, Sandra Daniela asegura a este diario que en ningún momento le detallaron dicha cláusula a su esposo: «No le explicaron nada. Le pusieron un montón de papeles encima unos de otros y le hicieron firmar sin leer la letra pequeña», relata visiblemente indignada y agotada.

«Estamos destrozadas, se han quedado con nuestro dinero», repite una y otra vez en presencia de su madre y su abogado Salvador Pérez, quien se ha volcado con un caso sumamente complicado de ganar atendiendo a antecedentes similares. «Estamos tomando pastillas para dormir y sufriendo constantes ataques de ansiedad», asevera la mujer agraciada, quien espera «que se haga justicia», ya que «el boleto es mío porque me lo regaló mi madre».

En la batalla judicial que ha iniciado la familia, cuenta con el respaldo documental de la propia quiosquera de la ONCE, quien reconoce que vendió el cupón premiado a la madre. «Yo sé que se lo vendí perfectamente a ella y voy donde haga falta», confirma la vendedora en una conversación de WhatsApp adjuntada en la denuncia presentada. No obstante, apuntan las afectadas que esta empleada días después declinó presentar un documento firmado con su nombre porque, afirman, «le dieron un toque».

Asimismo, el letrado ha solicitado hasta en dos ocasiones las imágenes de las cámaras de seguridad de la Delegación de la ONCE en Valencia en aras de demostrar que «le pusieron el documento delante sin explicárselo y sin dejárselo leer», que después «le imposibilitaba cambiar de titular para cobrar el boleto». Al respecto, la corporación replica que dicho sistema de videovigilancia se encuentra inactivo, a lo que el letrado responderá con una nueva denuncia en la Agencia de Protección de Datos.

¿Puede la ONCE suspender el pago del premio? De acuerdo con su reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada 'Cupón de la ONCE' sí, ya que en su artículo 37.5 especifica que se cancelará el abono de los premios correspondientes a perceptores inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso a Juego (RGIAJ).

Asimismo, matiza que «en lo relativo a la verificación de su inclusión, se considerará tanto su estado en el momento de la verificación como el que tenía en el momento de adquisición del cupón, salvo prueba en contrario admitida en derecho aportada por el perceptor». Por este motivo, aclaran fuentes de la organización a este periódico que no se pudo proceder al pago, puesto que el sistema encargado de tramitarlo lo bloquea de manera automática al identificar al tenedor del boleto en el listado del RGIAJ. Sin embargo, desde la ONCE mostraron públicamente su comprensión con los agraciados y respeto por emprender las acciones legales pertinentes, aunque insisten en que la normativa estatal actual les impide entregárselo «como ellos desearían».

Sobre la polémica que ha suscitado este caso, adelantado por ABC, surgen dos preguntas consecutivas: ¿dónde va a parar el dinero? y ¿por qué un ludópata puede comprar un cupón y no cobrarlo? A la primera, según el mismo reglamento de la ONCE que se mencionaba con anterioridad y a la espera de la resolución judicial, el premio «se destinará a los fines sociales propios de la organización».

Respecto a la segunda, realmente un jugador que sufre ludopatía y está inscrito voluntariamente en el RGIAJ no puede comprar un boleto de lotería, pero esta acción no se puede controlar de manera exhaustiva en los puestos de venta de la ONCE ya que no se solicita ningún documento de identificación a la hora de adquirir estos productos y, a cuando se van a cobrar, sí.

Según el propio ordenamiento de la organización nacional, se estipula la prohibición de compra de productos y cobro de premios a personas que «voluntariamente hubieran solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme, lo que llevará asociada la imposibilidad del pago».

El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego es una herramienta del Ministerio de Consumo para personas que sufren ludopatía se puedan autoexcluir y limitar su participación en todo tipo de actividades de juego, tanto presenciales como online.

Así, los inscritos en este sistema se blindan para no caer de nuevo; no obstante, esta base de datos estatal sólo impide el juego por página web, dejando a la reglamentación autonómica la restricción a la hora de establecimientos regulados, que en el caso de la Comunidad Valenciana -donde se presentó la denuncia- son casinos de juegos, salas de bingo, salones de juego y locales específicos de apuestas.