«Están condenando a mi hija Irene a atrofiarse en vida al quitarle el fisioterapeuta»

De acuerdo con las mismas fuentes, la ley «ha llevado al despido del fisioterapeuta que la trataba, siendo reemplazado por un preparador físico. Sin embargo, este último, al no ser sanitario, no está capacitado para tratar a una persona con patologías o lesiones». Un aspecto que ha venido denunciando el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) desde el año pasado, tal y como transmitió a todos los partidos políticos que apoyaron la aprobación de la ley en las reuniones que mantuvo con ellos previas a su entrada en vigor.

La madre de Irene, Mayte Vela, explica desesperada que desde el Ayuntamiento les indicaron que la Ley había cambiado y que su fisioterapeuta ya no podía continuar en el servicio, que iban a contratar a otro profesional. «Después de unas semanas nos llamaron y fuimos a la primera sesión, pero nada más ver a mi hija, el preparador físico que ahora lo lleva nos dijo que él no podía tratarla, que su caso requería un fisioterapeuta. Tras ello, nos llamaron desde la dirección de la piscina y nos trasladaron que lo sentían pero que Irene no podía asistir porque ese servicio no era adecuado para ella».

Irene asistía a sesiones de hidroterapia dos veces a al semana, lo que no sólo mejoraba su movilidad y espasticidad, sino que también le daba la oportunidad de disfrutar, aunque fuera por un rato, lo que hacen otros tantos niños. «Cada vez que hacía sus ejercicios en el agua, disfrutaba, para ella estar es libertad. Cuando ahora llevamos a su hermano pequeño a natación, Irene se enfada porque no entiende porqué ella ahora no puede entrar en el agua».

Su madre enfatiza: «¿Si le quitan también esto, qué le queda?,¿la encerramos en casa? Sin fisioterapia va a ir perdiendo la poca movilidad que tiene y se va a paralizar. No es posible que a los políticos se les llene la boca de hablar de inclusión y luego hagan leyes como esta»

Según las mismas fuentes, «el Ayuntamiento ha sugerido a la familia que acuda a un fisioterapeuta privado». Una opción que están valorando, pero que económicamente es difícil de asumir.

«Quieren que un externo haga un trabajo que la entidad pública no puede por la ley autonómica pero trasladan el coste a al familia, los dejan a su suerte, y en la mayoría de casos es un gasto inasumible porque es un tratamiento continuo. No es de recibo que una entidad pública deje a una persona necesitada sin un servicio básico y no de una solución real», explica el fisioterapeuta David Valenzuela, colegiado del ICOFCV, al que la familia ha acudido.

Valenzuela se une a la denuncia del Colegio de Fisioterapeutas y subraya que el problema radica en la ley: «Es una aberración, atenta contra las personas porque el preparador físico no es un profesional capacitado para trabajar con pacientes. El preparador físico es profesional dedicado al deporte, a la competición, a un cliente, pero no a un paciente. Deberían tener muy claro que deporte y enfermedad necesita un sanitario».

El ICOFCV advierte que la nueva ley va a producir más casos desgarradores como el de Irene y alerta que si los preparadores físicos que se están contratando en estos servicios municipales tratan a personas con patologías y lesiones, los daños pueden ser irreparables. Por ello, desde el Colegio van a solicitar al nuevo gobierno que revise esta norma aprobada por el anterior ejecutivo y tome medidas para evitar que se siga dejando a personas sin servicios tan necesarios así como se ponga en riesgo su salud.