Condenado por darle un botellazo en la cabeza a un menor por ser gitano

De acuerdo con la sentencia sobre unos hechos que denunció la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación, el acusado ha sido finalmente penado con dos años de cárcel que evitará cumplir a cambio del pago de una indemnización de 3.150 euros y la realización de un curso de prevención de comportamientos violentos y otro de igualdad de trato y no discriminación y diversidad.

Según relata esta asociación, los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de agosto de 2016 en la terraza de un bar de la localidad castellonense de Azuébar, en el que se encontraba la víctima con diferentes familiares. En un momento dado, comenzó a recibir insultos de índole racista por parte de otro comensal sentado con su mujer en una mesa colindante, momento en el que comenzó una discusión en la que el ahora condenado le propinó un botellazo en la cabeza.

Mientras tanto, le gritó diferentes insultos como «hay que exterminar a la raza gitana», «fuera del pueblo», «te voy a matar» o «te voy a poner la gorra del revés», según recoge el fallo del magistrado. Mientras su madre intentaba taponar la herida, el agresor continuaba amenazando al joven menor de edad, que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Sagunto debido a diferentes heridas que le provocaron un traumatismo craneal con herida inciso-contusa.

Tal y como narra FSG, este suceso, que califica como «agresión antigitana», ha supuesto graves consecuencias para el afectado y su familia, «que han padecido miedo, ansiedad e inseguridad», sumados al «estrés» generado por la espera judicial de más de siete años. La víctima, según declaraciones que recoge la fundación, reconoce que «lo importante es que sirva para que ninguna otra persona sufra una agresión sólo por ser gitano».

Sara Giménez, directora general de la FSG, ha señalado que «después de más de siete años de espera, podemos celebrar al fin una sentencia condenatoria en este gravísimo caso de antigitanismo, en el que se reconoce el delito de lesiones aplicando la circunstancia agravante de racismo y una reparación adecuada para la familia».

«Así -especifica- se ha hecho justicia también para la comunidad gitana en su conjunto porque sabemos que estas agresiones de odio extremo hacia las víctimas por pertenecer a una población históricamente perseguida y discriminada, tiene también un impacto en toda la comunidad» comenta Giménez, quien defiende que este caso refuerza su línea de litigio estratégico, con la que pretende que los tribunales «den una respuesta adecuada, como ha ocurrido aquí, a los casos de discriminación y antigitanismo».