Cita ITV Valencia: misión imposible a partir de marzo ante la reversión a gestión pública

«No será fácil tratar de conseguir en pocas semanas lo que, según sus propios estudios, debería haberse llevado a cabo a lo largo de más de un año y medio», señalan desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA).

Critican «la precipitación y falta de adecuada dirección de todo este proceso; circunstancias que ponen en peligro la adecuada prestación del servicio» y generan «una enorme inquietud en las plantillas». A través de una sociedad pública creada por el Gobierno autonómico, se subrogará a la mayoría de los trabajadores de los concesionarios y se aplicará una rebaja en las tarifas: desde el 1 de enero, la prueba cuesta 11,25 euros menos tras eliminarse la prueba de sonometría.

Ante la incertidumbre, las estaciones han dejado de dar cita previa en sus respectivas páginas web a partir del mes de marzo. Ocurre en la mayoría de los centros de las tres provincias, tal y como ha podido comprobar ABC.

Sin embargo, desde la Generalitat recuerdan que -mediante una resolución de la Conselleria de Economía- las concesionarias están obligadas a seguir citando a los usuarios y a asegurar los suministros hasta el 30 de junio, con el objetivo de evitar un colapso en el servicio durante la transición. En caso de que no se cumpla esta directriz, el Consell tomará las medidas oportunas.

Este martes, en una carta remitida a las consellerias de Economía y Hacienda, el presidente de AECOVA, Ricardo Pérez, solicita a estos departamentos «en el plazo más breve posible, la remisión de instrucciones claras y ajustadas a las particularidades de cada una de las concesionarios sobre cómo habrá de llevarse a cabo la reversión prevista para dentro de pocas semanas».

Asimismo, propone «convocar una mesa de trabajo que permita organizar una transición ordenada evitando así que el procedimiento de reversión se convierte en un conjunto de requerimientos coactivos de dudosa legalidad».

Pese a su «absoluta disposición», considera que «las prisas generadas por su falta de previsión no deben ser trasladadas a las concesionarias y menos bajo la amenaza de sanciones o acciones judiciales».

En ese sentido, Pérez advierte de que «se reservan el derecho a impugnar con todos los medios legales a su disposición cuantas actuaciones o decisiones se adopten por parte de la Administración a la que nos dirigimos y que sean consideradas contrarias a derecho».

Entre ellas, se refiere al «requerimiento manifiestamente ilegal de que sean las concesionarias las que negocien y contraten con terceros la prestación de servicios a la recientemente creada empresa pública en un momento temporal en que, previsiblemente, ya no corresponderá la gestión a mis representadas».

Por su parte, el conseller de Economía, Rafa Climent, ha incidido este martes en que su departamento trabaja para que la reversión no tenga «ninguna repercusión» en los usuarios y están centrados en «tener ya empresas suministradoras de todos y cada uno de los servicios» que se necesitan.

«Nosotros vamos a intentar estar preparados esos días; yo sé, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que vamos a tener algunos problemas, pero por la poca colaboración que han tenido (las empresas concesionarias) con la administración», ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

«Se les ha acabado un contrato, la Generalitat ha decidido que a partir de ese momento la ITV debe ser pública y, por tanto, lo que deberían hacer es colaborar», ha expuesto Climent, en la «transición amable» de la que se habló al principio del proceso.

«No sé por qué les interesa a ellos tanto ahora que nosotros podamos tener algún problema, ¿será que no quieren soltar el trozo? Esa es la interrogación más importante que se deben hacer todos los valencianos y valencianas», ha añadido.