Las ITV piden a Ximo Puig que interceda para evitar el «caos y colapso» del servicio tras la reversión

Por ello, ha apremiado al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, a negociar «con urgencia» un calendario «factible» para una «transición tranquila», que incluya una prórroga de 15 meses de la concesión, y han pedido que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, interceda si esto no sucede para poder evitar el «caos y colpaso inminente» del servicio.

Así lo han expuesto, en una rueda de prensa este jueves, el portavoz de Aecova-ITV, Francisco Llopis, y el vocal de la asociación, Ignacio Guerrero.

Los representantes de las ITV han criticado que el calendario inicialmente propuesto por la Conselleria arrastra un «retraso considerable» de «prácticamente 12 meses» porque la empresa pública debía haberse constituido en enero de 2022 y se hizo en noviembre, por lo que resulta «inviable que en dos o tres meses se recupere todo el retraso que llevan acumulado».

Llopis ha denunciado que la reversión está siendo «precipitada» e «injusta» pero las empresas siguen «creyendo posible hacer una transición tranquila» y que Climent «mantenga su compromiso político» para «evitar el colapso» del servicio y que su calidad no se vea afectada. «Vamos tarde si queremos hacer las cosas bien», ha advertido, aunque ahora mismo «el diálogo no existe».

En ese sentido, ha reclamado que desde la Conselleria «cojan las riendas de la gestión cuando realmente estén preparados» porque «las prisas no son buenas» y el conseller y la empresa pública «hoy por hoy saben que no están preparados».

Además, ha señalado que si el conseller «no toma esta decisión», debe ser el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que lo haga y «haga reconsiderar a Climent» que se siente a «pactar un calendario de reversión factible». «Si no es así, los únicos culpables del colapso y el caos serán ellos mismos», ha avisado.

Así, ha aseverado que la Conselleria «no tiene un plan» y que su única forma de comunicarse con las concesionarias es «a base de requerimientos que siempre se dictan tarde y fuera de tiempo», «algunos de imposible cumplimiento». «No queremos que por la improvisación deje de funcionar el servicio y se nos convierta en cabezas de turco de sus prisas», ha afirmado.

Ignacio Guerrero ha expuesto que a todo ello se suma la eliminación de la obligatoriedad de la prueba de sonometría en las inspecciones, una decisión que según ha argumentado «va en contra de las directivas europeas», la propia Conselleria de Medio Ambiente, la Ley del Ruido de la Comunidad Valenciana y del compromiso suscrito con las empresas de que no se iba a eliminar hasta que se terminase la prórroga«.

Ha detallado que la supresión supone una pérdida del 20% de los ingresos y del 80% de los resultados de las empresas, por lo que hace «imposible recuperar las pérdidas» del periodo del covid que motivaron la actual prórroga, como marca el Real Decreto 8/2020. Además, ha expuesto que «tumba las previsiones» de ingresos de la Conselleria cuando asuma la gestión.

En esa línea, han lamentado que la prórroga ya concedida «interpreta de manera torticera y sesgada el derecho de los concesionarios por el lucro cesante» de los daños por la pandemia y que, con la eliminación de la sonometría, «han cambiado las reglas de juego» una vez fijada la prórroga, ya que esta formaba parte del cálculo inicial de ingresos.

La asociación ha afirmado en varias ocasiones que la supresión de la prueba podría llevar a un ERE de 300 trabajadores. Preguntados al respecto, Llopis ha puntualizado que los empresarios pueden decidir reducir las contrataciones temporales que se efectúan en temporadas clave y podrían «restringir algún contrato», aunque «si queda mes y medio no van a provocar un ERE».

No obstante, han indicado que la Generalitat deberá «optimizar resultados» y puede tener que «recortar su estructura». Así, ha precisado que los informes de MConsulting realizados para la reversión apuntaban a beneficios para la empresa pública de 30 millones de euros y que la eliminación de la prueba puede recortarlos a 16 millones.

Además, los representantes de las ITV han reclamado «auditorías individualizadas» para decidir las condiciones laborales de cada uno de los 1.200 trabajadores afectados, sujetos a diferentes convenios.

Por otro lado, ha incidido en que los contratos de suministros de las empresas concesionarias no se pueden subrogar por parte de la empresa pública, obligada a sacar concurso público. Según los representantes de las ITV, la Generalitat ha dispuesto que deben ser las concesionarias las que mantengan y/o amplíen los contratos hasta el 30 de junio y no les abonará el coste, además de que la responsabilidad de estos contratos seguirá siendo de las empresas.

«No puede utilizarnos para contratar unos servicios para que ella los pueda disfrutar», han esgrimido los empresarios, que apuntan a que esto «es ilegal» y la «empresa pública tiene que acudir a concursos y licitar las cosas como Dios manda».

Asimismo, Guerrero ha indicado que «hay zonas, sobre todo en la provincia de Alicante, que de llevarse a cabo esta reversión acelerada prácticamente se quedarán sin servicio», como Santa Pola, Pilar de la Horadada, Orihuela, Novelda o Redován, una situación que dejaría «prácticamente a 300.000 conductores sin poder realizar las ITV en las estaciones donde actualmente las realizan».

Según ha detallado Guerrero, en estas zonas la empresa concesionaria instaló unidades móviles durante la pandemia para dar servicio a estas zonas, que se retirarán cuando termine la concesión porque no se revierten. Además, dos estaciones fijas en Pilar de la Horadada y Redován tenían contratos previos al sistema concesional y no se subrogarán tampoco, pero por el decreto de la Generalitat no podrán prestar el servicio, ha explicado.

Por todo lo anterior, han explicado que Aecova-ITV ha presentado una serie de recursos tanto por la vía administrativa como por la contenciosa, así como escritos de advertencia. El primero, un recurso de reposición contra la resolución de la Conselleria sobre el mantenimiento de los contratos de suministros.

También han recurrido la resolución de la Conselleria por la que se les ha otorgado la prórroga de dos meses de la concesión por los servicios no prestamos durante la pandemia. Por otro lado, han presentado un escrito en el que exponen que, como consecuencia de la eliminación de la prueba sonora, se debe prorrogar la concesión 15 meses.

Por último, ha enumerado Guerrero, se ha presentado un escrito de advertencia sobre «cuáles pueden ser las complicaciones técnicas de la toma de decisiones precipitada para que no se pretenda culpar en el futuro a las empresas concesionarias del caos y colapso del servicio público a partir de marzo cuando la empresa pública asuma la gestión».