Albares rechaza el valenciano y se niega a pedir su oficialidad en Europa: «Sólo catalán, euskera y gallego»

El jefe de la diplomacia española se ha referido así este miércoles en una entrevista radiofónica en Onda Cero, en la que se ha mostrado convencido de que si no se ha logrado ya que estos tres idiomas sean oficiales en Bruselas es porque «el PP está haciendo todo lo que está en su mano para boicotear las lenguas oficiales españolas».

Albares se ha mostrado convencido de que la inclusión en el reglamento lingüístico de la UE «es un camino irreversible y se conseguirá» finalmente, ha señalado al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por influir a «los gobiernos de su familia política» para «boicotear al 20% de la población española, a 14 millones de españoles» que hablan lenguas oficiales distintas del español.

En un momento de la entrevista, preguntado sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez contempla pedir el reconocimiento del valenciano como lengua oficial en Europa, se ha limitado a afirmar que sólo el catalán, el euskera y el gallego «son los idiomas que el Ejecutivo ha solicitado» y «no va a renunciar a ello».

Una afirmación que dista de la oferta idiomática, por ejemplo, de la web de la Moncloa, que sí tiene versión en valenciano, al contrario que la página del Ministerio de Exteriores, a lo que Albares ha aludido a que su departamento acaba de publicar una nueva estrategia de política exterior que se va a presentar este jueves y que «por primera vez se ha traducido a catalán, euskera y al gallego».

El ministro ha subrayado que «diez millones de europeos hablan catalán», por lo que, en el momento en el que se consiga que sea oficial en Europa, sería «más o menos» el idioma número 15, «eso supone más hablantes que muchas de algunas lenguas que hoy se utilizan en la mesa del Consejo cuando voy a Bruselas».

Según fuentes de la Generalitat Valenciana consultadas por ABC, las declaraciones del ministro Albares son «una muestra más del menosprecio y del abandono del Gobierno hacia los valencianos y su lengua propia, lo que además prueba la ignorancia y la falta de sensibilidad del ministro». «De nuevo cede ante el chantaje separatista, dando a entender además que el valenciano es una lengua de segunda», añaden desde el Gobierno autonómico.

El presidente Carlos Mazón ha criticado que el Gobierno de España «acabe de decir claramente que no renuncia al catalán, al gallego y al euskera y que, por tanto, sí lo haga con el valenciano». Así, el Consell, «en nombre de toda la sociedad valenciana y en defensa del Estatut de Autonomía», exige una «rectificación inmediata y una petición de disculpas públicas del ministro de Exteriores y de todo el Ejecutivo».

De no producirse, precisan, el barón 'popular' pedirá la dimisión o el «cese inexorable» de Albares. «No somos una comunidad autónoma de segunda, no pertenecemos a los 'países catalanes', no nos falta capacidad de cultura, de historia, de lengua, de tradición y tampoco de españolidad. No lo vamos a consentir. Y hago un llamamiento a toda la sociedad valenciana para que defendamos nuestras señas de identidad, nuestra autonomía, nuestra españolidad y nuestra valencianía», ha manifestado Mazón.

Al hilo de estas palabras, Lo Rat Penat ha hecho público un comunicado en el que expresa su «más enérgica protesta por el nuevo desprecio cometido hacia la lengua valenciana por parte del ministro». La entidad cultural reclama a Albares que «pida perdón en todo el pueblo valenciano por este nuevo insulto» a su «lengua e identidad colectiva».

Asimismo, reclama que el Gobierno de España «incluya al valenciano en su propuesta de lenguas oficiales ante las instituciones europeas, tal y como reconoce y ampara el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y la Constitución Española».

Asimismo, instan a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y a los firmantes del manifiesto recientemente publicado en defensa de esta institución a que, «si realmente quieren proteger la lengua valenciana, se posicionen claramente en favor de su oficialidad en Europa y pidan una rectificación pública al ministro».